Si hace
unos diez días, aprovechando la actualidad del “Proces” catalán, publique una
entrada ejemplificando la falacia del estado de derecho, hoy este mismo Proces,
mediante la reproducción de dos tribunas publicadas en la página web española “ctxt”, me da la oportunidad de retomar
esta temática, desde otro, y complementario, ángulo, el de la utilización del
concepto de “terrorismo” por parte del Estado (español en este caso, pero
valido para cualquier Estado) como medio de represión contra quienes, haciendo
uso de sus derechos constitucionales, tienen la osadía de disentir y protestar
contra ciertas ¿políticas? llevadas a cabo por este mismo Estado, que
supuestamente tiene la obligación de hacer respetar la Constitución… respetándola
y no violándola.
He aquí las
dos tribunas:
Terrorismo, rebelión y el derecho a protestar
El estrechamiento evidente de las
libertades públicas y de los derechos civiles, así como el uso constante de una
justicia excepcional, están convirtiendo a este país en una democracia
autoritaria al estilo turco
Beatriz Gimeno.
Del hecho de que pretendan
imputar por terrorismo a varias personas vinculadas a los CDR impresionan
varias cosas. Personalmente me impresiona mucho el hecho de que yo misma, como
millones de personas en este país, he hecho a lo largo de mi vida cosas muy
parecidas a esas; que las han hecho amigas y amigos, compañeros de
organización; que mi propio hijo las ha hecho y las sigue haciendo. He hecho
cosas así desde que tengo uso de razón política y lo he hecho en momentos mucho
más convulsos que los actuales, con el terrorismo de ETA matando a decenas de
personas al año y con la extrema derecha matando a gente también. He
participado en decenas de manifestaciones desde mi adolescencia con saltos por
toda la ciudad, y algunas de ellas han terminado en la quema de contenedores o
lunas rotas; he ocupado un par de veces sedes de organismos oficiales y he
participado en el corte de muchas calles en muchas manifestaciones. También he
participado, desde luego, en varios piquetes de huelga. En cualquier democracia
hay decenas, a veces cientos, de manifestaciones al año y algunas de ellas
terminan en desórdenes públicos que se resuelven de manera proporcional tanto
policial como penalmente. En una democracia, las actuaciones vinculadas a las
protestas así como la contención o represión de las mismas son, o deben ser,
siempre proporcionales y deben estar diseñadas para tratar de preservar,
además, uno de los derechos fundamentales: el derecho a la protesta política. Y
atravesamos lo peor del páramo del terrorismo utilizando los instrumentos de un
estado democrático y de derecho (excepción hecha del GAL y de los últimos
años).
Y LLEGÓ LA PERVERSIÓN DEL DELITO
DE ODIO UTILIZADO CONTRA QUIENES DEFIENDEN A LAS MINORÍAS O INCLUSO CONTRA
ESTAS PROPIAS MINORÍAS
Pero fue terminarse el terrorismo
de ETA, y PP, PSOE y C’s se apresuraron a firmar un pacto, y a consensuar
distintas reformas del Código Penal, que han ido criminalizando la protesta
política y que ha dado estatuto de terrorismo a los “desórdenes públicos”.
(También se aprobó la prisión permanente revisable en el pack). Lo que estos
partidos firmaron fue una definición de terrorismo para cuando ya no había
terrorismo y era por tanto necesario crear otros “enemigos de la democracia” a
los que se quisiera señalar, un poco según convenga a quien gobierne. Y
cuando llegaron los recortes y las protestas, llegaron las multas por
manifestarse, las multas por acudir a manifestaciones, y la cárcel por un tuit
o por hacer canciones. Y llegó la perversión del delito de odio utilizado
contra quienes defienden a las minorías o incluso contra estas propias
minorías. El estrechamiento evidente de las libertades públicas, de la libertad
de expresión, de los derechos civiles, así como el uso constante de una
justicia excepcional, están convirtiendo este país en una democracia
autoritaria al estilo turco; y resulta impresionante vivir esa deriva,
comprobar cómo nos vamos deslizando hacia ese momento en el que algo que hace
nada era propio de países de larga tradición democrática, como las protestas
políticas (algunas de las cuales terminan en algarada o desorden), ahora se han
convertido en terrorismo.
Gracias a esas leyes, unos chicos
que se pelearon a golpes en un bar en Alsasua han acabado en la cárcel con
amenaza de pasar en ella el resto de sus vidas mientras la prisión provisional,
que debe ser excepcional y no una condena previa, se está usando como castigo,
sin juicio, sin condena; otra anormalidad propia de un régimen poco
democrático. Yo no era terrorista entonces, cuando me manifestaba u ocupaba un
edificio en medio de una protesta estudiantil, ni lo son ahora quienes
hacen lo mismo. Es la democracia la que ha enflaquecido, las protestas no son
más violentas ni más peligrosas. Y eso que siempre hemos dado por hecho, el
derecho a la protesta política ya no está asegurado. Impresiona estar viviendo
ese momento que responde a una pregunta que puede que nos hagamos dentro de
algunos años: ¿cómo fue posible?
Para cualquier democracia
consolidada, la protesta política es un derecho democrático a proteger y no un
delito. Y la protesta incluye la posibilidad de criticar al Estado, a los
aparatos del Estado o a las instituciones, así como de manifestarse contra
ellos. Recordemos que el delito de rebelión consiste, en todas las democracias,
en alzarse violentamente contra el orden democrático (lo que hizo Franco, lo
que hizo Tejero) ese que protege, entre otras cosas, la protesta, las
huelgas y las manifestaciones, la desobediencia…, cosas estas proscritas,
precisamente, en los regímenes autoritarios… España, con el gobierno del PP y
con la inestimable ayuda del PSOE y Ciudadanos, se encamina con paso firme a
convertirse en una democracia de la que, si seguimos así, sólo van a quedar los
huesos, es decir, la posibilidad de meter un voto en una urna cada cuatro años.
Cortar carreteras, levantar la
barrera de un peaje o quemar ruedas o un contenedor serán actos vandálicos o
desórdenes; son delitos, pero no es terrorismo. Si convocar manifestaciones que
terminan con quemas de neumáticos es igual que poner una bomba, entonces
podemos asegurar que quienes nos gobiernan hacen un uso repugnante de las
víctimas del terrorismo (siempre lo han hecho, por otra parte) y que los usan
para crear un estado de miedo que les permita conseguir más fácilmente sus
objetivos políticos, ya sea descabezar el independentismo o acelerar su rapiña
de lo público. De repente, conductas que han llevado a cabo los sindicatos y
los trabajadores en todas las huelgas, y miles de manifestantes en cualquier
protesta, aquí y en cualquier país europeo, se han convertido en terrorismo y
rebelión. Cualquiera que haya participado en la organización de una huelga, por
ejemplo, hubiera podido pronunciar las palabras que se han filtrado de la ahora
detenida: “Participar en acciones ‘pacíficas’ de ‘bloqueo’ y boicot en
carreteras e infraestructuras básicas catalanas como Mercabarna o el puerto de
Barcelona”. ¿Terrorismo sin armas y sin ánimo de dañar a nadie?
EL CORTE DE CARRETERAS EN
CATALUÑA ES TERRORISMO, PERO EL 8 DE MARZO VARIOS PIQUETES FEMINISTAS CORTAMOS
CALLES IMPORTANTES DE MADRID
Y sobre todo impresiona, y
cualquiera puede comprobarlo fácilmente, la absoluta arbitrariedad en la
aplicación de la justicia, lo que produce una grave deslegitimación del sistema
judicial en su conjunto. Hemos visto quema de neumáticos en decenas de
manifestaciones: de agricultores, mineros, transportistas… y nadie ha dicho que
los manifestantes fueran terroristas. Esto es justo lo que no debe hacer un
Estado de Derecho, castigar a unas personas para que sirvan de ejemplo
disuasorio, de manera que finalmente la misma conducta no merezca el mismo
reproche penal dependiendo de quién lo cometa, dependiendo de su cercanía al
partido gobernante, dependiendo de la suerte, dependiendo del juez que te
toque, dependiendo de la posición económica que ocupas o de la red de
protección que tengas. El PP está mostrando y enseñando que la justicia, “su”
justicia, es tan patrimonio suyo como lo son las instituciones o los recursos públicos.
No es la Justicia, no es el Estado de Derecho, ni son los jueces; es su
justicia y son sus jueces. El corte de carreteras en Cataluña es terrorismo,
pero el 8 de Marzo varios piquetes feministas cortamos calles importantes de
Madrid; lo que dice Losantos no lo es, pero lo que canta Valtonyc, sí,; los
ultras entrando en Blanquerna y agrediendo a cargos públicos no es nada, pero
lo de Alsasua es terrorismo muy grave. El mismo tuit irá a la Audiencia
Nacional (ese tribunal de excepción indigno de una democracia) dependiendo de a
quién pertenezca el dedo que le da al teclado. A partir de ahora se usará el
Código Penal para convertir en terrorista no a quien lo sea, sino a quien
convenga al gobierno de turno.
Pregunta el ministro Zoido, esa
lumbrera, que si lo de Puigdemont no es violencia qué lo es entonces. Podríamos
responderle que violencia es matar, herir a las personas o pretender hacerlo
pero que, ya puestos, también lo es dejar a la gente sin casa, sin trabajo, sin
pensión, sin acceso a la sanidad, pero quién sabe, es muy posible que decir eso
pueda ser constitutivo de algún delito inventado ayer mismo. Protestar es un
derecho básico en una democracia y ante la evidente degradación de esta, no se
me ocurre otra cosa que seguir protestando, que seguir inculpándonos como ha
hecho el mundo del rap con el vídeo de Los
Borbones son unos ladrones. Inculparnos masivamente de los mismos
delitos que llevan a inocentes a la cárcel, protestar, protestar y protestar;
en la calle
y en las instituciones, resistirnos a la arbitrariedad, a la injusticia y al
autoritarismo.
Beatriz Gimeno es activista
en favor de los derechos LGBT y diputada de Podemos.
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Estado de excepción y excepcionalidad europea
Editorial de ctxt
El Estado pudo haber decidido que
el asunto Puigdemont se solucionara en Bélgica, en Suiza, en Finlandia, o en
Dinamarca. Pero decidió que fuera en Alemania. Fue, por tanto, su apuesta. Su
gran apuesta. Pues bien, esa apuesta ha resultado fallida. El tribunal alemán
encargado de dar respuesta a la euroorden no vio que hubiera caso de rebelión.
Es decir, no vio por ninguna parte la violencia necesaria para que hubiera un
caso de rebelión efectivo. O, lo que es lo mismo, la invocación a la rebelión
para describir y penalizar la crisis catalana ha quedado como un fenómeno local
e inexportable. Conviene, por tanto, describir qué es ese fenómeno local, esa
explicación gubernamental que –ya queda claro– no se comparte en Europa, pero
que parece ser la respuesta política a un problema político que seguirá a toda
máquina dentro de nuestras fronteras.
La invocación del delito de
rebelión es la culminación de otro proceso: la respuesta gubernamental al
Procés. Esa respuesta, a pesar de lo narrado por los medios públicos y
concertados afines al Gobierno, no ha sido ordenada ni eficaz, y no ha
respondido a un criterio democrático. Se inició con una no-respuesta. El
Gobierno no quiso hablar con representantes ni instituciones políticas sobre un
problema solucionable. El Gobierno rechazó la política. Posteriormente,
sustituyó el diálogo por la intervención de las cuentas y de la Autonomía (el
155) y la aplicación del Código Penal, una dinámica que fatalmente conduce a la
politización y la instrumentalización de la Justicia. Esta política
gubernamental no-política, de penalización jurídica de la política, pasó a ser
política de Estado con el discurso del Rey del 3 de octubre. Se trató de un
discurso dramáticamente importante. El Rey dio por cerrada e irreformable la
democracia española, y situaba fuera de ella y de la ley a quién no compartiera
ese dogma prístino. Se colocaba fuera de la democracia, por tanto, un amplio
catálogo de posibilidades de disidencia, que en su contexto también abarcaba la
protesta civil. La formulación, en el auto del juez Llarena, del delito de
rebelión –y, en la Audiencia, del delito de sedición, a través del auto de
Lamela–, era una suerte de culminación de todas esas respuestas desordenadas a
un problema político. La rebelión quedaba así fijada como solución a cualquier
tensión política, a través de una falsaria e ingeniosa descripción de lo que es
tumulto y violencia. Con este concepto de rebelión, no se hubiera producido no
sólo el Procés, sino tampoco la PAH o el 15M, las protestas contra el muro del
AVE en Murcia o, incluso, la jornada de 8 horas.
CUANDO EL PODER TIENE EN LAS
MANOS UNA FANTASÍA PELIGROSA, ES NECESARIO DAR LA ALARMA
La decisión alemana sobre
Puigdemont explica, por tanto, que el intento de aplicar el delito de rebelión
es una fantasía peligrosa. Y explica que el Estado –algo más amplio que el
Gobierno, algo que implica ya a la monarquía y a la Justicia– no tiene nada que
ofrecer ante un problema político, salvo una fantasía peligrosa. Cuando el
poder tiene en las manos una fantasía peligrosa, es necesario dar la alarma. En
CTXT lo advertimos hace meses, sin éxito.
Estos días han sido detenidas
varias personas en Catalunya. Miembros de los Comités de Defensa de la
República. Se les acusa de rebelión, ese paisaje conocido. Pero también de
terrorismo, a su vez una depuración del depurado concepto rebelión. La reforma
del Código Penal de 2015, aprobada por el PP, el PSOE y –ironías de la vida–
CiU, estiliza, en efecto, el concepto terrorismo hasta extremos sumamente
amplios y, por tanto, opinables. Por eso mismo, es preciso señalar que en
Catalunya no se da ninguna condición ni ingrediente para poder afirmar que hay
un grupo terrorista en activo. De hecho, es posible sospechar que se está
empezando a utilizar –primero en informaciones en medios, luego en
declaraciones gubernamentales, ahora ya en detenciones– el terrorismo para
acotar un tema que nada tiene que ver con él, como es el derecho a la protesta,
la manifestación y la disidencia.
Es posible que, incluso, el
proyecto del Estado sea volver a desempolvar el terrorismo, como antaño, para
promover la cohesión social, bajo la forma de un enemigo ante el que cerrar
filas, ante el que cerrar, incluso, una idea restrictiva de la democracia. Se
hizo, sí, y con resultados muy pobres para la democracia, durante los años de plomo,
con cierre de diarios, prohibición de partidos, adopción de doctrinas penales
condenadas por Europa. Y la ampliación desmesurada del campo semántico de la
palabra terrorismo, más allá de lo real y razonable.
Es preciso que, en esta crisis
social, democrática y política, en la que el Estado parece evidenciar que
carece de respuestas y de capacidad de diálogo, no se recurra a abusos de
Estado. Llamar rebelión o terrorismo a lo que no lo es, a lo que es una crisis
social, democrática y política, es ya el primer abuso. Si el Estado pretende
penalizar a más de dos millones de personas, que de una forma u otra, empiezan
a ser englobadas bajo el manto de la rebelión y el terrorismo, quiere decir que
apuesta por convertirse en una excepcionalidad europea. Y no hace falta ser muy
imaginativos para adivinar que la actual escalada represiva puede desembocar en
un Estado de excepción permanente.
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