A modo de
introducción y contextualización empezare esta entrada con el copiado/pegado de
un artículo publicado en el diario español EL PAIS, el día 17 de agosto. Artículo,
que, una vez no es costumbre, no me parece tan tendencioso.
A
continuación, expondré, brevemente, la reflexión que este “asunto”, de política
de alto vuelo (considerando tanto la envergadura del proyecto, como la decisión
política que este requiere que se tome) desencadeno en mí, de modo cuasi
automático.
Ahí, les va,
la contextual introducción que, arbitrariamente y sin permiso del autor, tomo
prestada.
López Obrador someterá a consulta el nuevo aeropuerto de
Ciudad de México
El presidente electo no
despeja las dudas sobre el destino del nuevo aeródromo, cuando las obras ya han
avanzado casi un tercio
Andrés Manuel López Obrador,
presidente electo de México, someterá a consulta popular la construcción del
nuevo aeropuerto de Ciudad de México. El político ha anunciado este viernes que
los mexicanos elegirán entre seguir con la construcción del aeródromo en las
cercanías del lago de Texcoco (30 kilómetros al noreste de la capital) o
comenzar con la ampliación de la base militar de Santa Lucía (a 50 kilómetros
de la ciudad) para que funcione paralelamente con el aeropuerto Benito Juárez,
actualmente en operaciones.
La decisión sobre el destino del
nuevo aeropuerto de Ciudad de México quedará pendiente para finales de octubre,
un mes antes de que Andrés López Obrador asuma la presidencia de México. El
presidente electo ha presentado los dos proyectos con una lista de ventajas y
desventajas de cada una de las opciones, sin embargo, no ha aclarado cómo
convocará a los mexicanos para participar en la decisión final. “Llamo al
pueblo de México a que nos ayuden a resolver sobre este asunto complicado,
difícil, que heredamos pero que tenemos que enfrentar de la mejor manera
posible”, dijo en la presentación de las propuestas.
La construcción del polémico
aeródromo, que comenzó en 2014, ha avanzado un 31%. López Obrador se opuso
desde el primer momento al proyecto de Enrique Peña Nieto y durante la campaña
electoral anunció que lo cancelaría. Tras las protestas de diversos
empresarios, el político matizó su opinión y aseguró que revisaría los
contratos de construcción para evaluar si continuaba su construcción o no.
Javier Jiménez Espriú, que será el titular de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), ha explicado este viernes que el equipo de transición
recibirá durante las próximas tres semanas las valoraciones de diversos grupos
de ingenieros y de la sociedad civil.
Está previsto que el aeropuerto
que ya se encuentra en construcción cueste 13.000 millones de dólares —un poco
más del doble del presupuesto de la ampliación del Canal de Panamá, que en 2016
sumó 5.450 millones de dólares—. Jiménez Espriú señaló que para seguir adelante
con el proyecto será necesario el incremento de las tarifas aéreas, así como el
cierre de la base militar de Santa Lucía por cuestiones de tráfico aéreo. El
próximo titular de la SCT también ha apuntado que el 75% de la inversión para
el proyecto ya está asegurado y que cancelarlo costaría aproximadamente 5.200 millones
de dólares. El equipo de López Obrador ha reconocido que el plan original es
más cercano a la Ciudad de México pero que su impacto ambiental es
considerable.
Por otra parte, la ampliación de
la base militar de Santa Lucía representaría un gasto de 3.600 millones de
dólares y resolvería en un menor plazo el problema de saturación del actual
aeropuerto. Jiménez Espriú ha mencionado que existe un debate entre los
especialistas en aviación sobre la posibilidad que Santa Lucía y el aeropuerto
Benito Juárez puedan funcionar simultáneamente, debido a su cercanía, pero ha
explicado que para aclarar estas dudas el Gobierno tendría que hacer estudios
adicionales con un coste de 10 millones de dólares.
López Obrador no profundizó sobre
el modelo para decidir el futuro del aeropuerto. “Se pueden poner mesas en las
plazas públicas y la gente se organiza para recibir los votos; otra forma es
una encuesta nacional con vigilancia de los ciudadanos para que no quede
ninguna sospecha. Sea una opción o la otra, le damos la garantía a los
mexicanos que no va a haber corrupción”, mencionó. La consulta popular en
México está garantizada en la Constitución. Allí se señala que solo puede ser
propuesta por el presidente mexicano, el 33% de los legisladores, o un 2% de
los ciudadanos del padrón electoral. Para que la decisión sea vinculante es
necesario que la consulta sea organizada por el Instituto Nacional Electoral
(INE) y que exista un 40% de participación ciudadana.
A partir de aquí, mi reflexión… o para quienes discrepan de la misma,
mi digresión.
Sea cual sea la decisión que tomara Andrés Manuel López Obrador (mejor
conocido como AMLO) en relación al futuro aeropuerto internacional de la Ciudad
de México (mejor conocido como NAICM), esta tendrá un muy alto costo político
para el nuevo Tlatoani.
En caso de dar su visto bueno a la continuación del proyecto
actualmente en obra (con o sin retoques) me parece evidente que se enemistara
con una importante fracción de su base social… y electoral.
A más de uno le costara algo de trabajo tragarse una culebra tan
dispendiosa y faraónica cuando se suponía que la prioridad de las prioridades
era “primero los pobres”. (si bien esta opción se encontraba un poco diluida en
“el combate contra el crimen y la corrupción”).
En cuanto a los que constituyen la parte, quizás más educada y
elitista, pero con una bien anclada “sensibilidad y visión ecológicas”, tampoco
les parecerá muy apetitoso tener que tragarse una culebra cuyas consecuencias
sobre el entorno natural y el tejido social, juzgan, desde tiempo atrás, como
desastrosas, un verdadero ecocidio a la par de un atentado contra los actuales
pobladores y vecinos del lugar.
En caso de decidirse por el abandono de este proyecto, cuyo avance en
su construcción se calcula al día de hoy en un 31%, cuyos contratos con los
inversionistas ya están en su gran mayoría firmados (se estima que en un 75%),
y cuyo costo como consecuencia de su cancelación se calcula en aproximadamente
5,200 millones de dólares, no hay la menor duda de que el inesperado noviazgo
entre el gran capital y el presidente electo (que tanto esfuerzo y vergonzosa
renuncia a su ideario político le ha costado) estaría mucho más cerca de un
temible divorcio que de una feliz boda.
Sin ser adivino, me parece que, visto la desproporción entre el costo
político en un caso y en el otro, en realidad la decisión ya esta tomada. Para
un político, que se califica a sí mismo como “pragmático”, es, sin duda, mas
aconsejable disgustar a una porción de su base social y electoral, que no
contrariar y fastidiar al gran capital. Al primero, desposeído de todo poder siempre
se le podrá vender unas cuencas de vidrio que de alguna manera lo contente.
En cambio, al segundo, poseedor del poder de hacer y deshacer a su
antojo la “salud económica” del país (obviamente entendido esta como la
salvaguarda de los sacrosantos “equilibrios macroeconómicos”, que no son otra
cosa que las condiciones indispensables al mantenimiento del modelo de
desarrollo y la perpetuación de su propio poder, o sea seguir garantizando su
dominación en la conformación de las relaciones sociales) mas vale mantenerlo
contento, o por lo menos no tenerlo de enemigo declarado.
Todo político pragmático, se sabe de memoria que en la conformación de
las relaciones sociales (económicas, políticas, y las que gusten) la única
variable que decide de quien detenta el poder y quien no, es, simple y
llamamiento, la fuerza, de cada quien, de cada actor (tanto como individuo o
como grupo).
Ahora bien ¿quiénes son los detentores del poder, de la indispensable
y suficiente violencia, tanto de hecho como institucionalizada? Me parece que
la respuesta es mas que evidente: el Capital y el Ejercito. He aquí, los dos
“actores” con los cuales resulta suicida entrar en conflicto. Quizás
(seguramente) los hubo en el pasado, pero hoy, no hay fuerza política alguna
que pueda enfrentar a estas dos otras. La violencia del Capital y la del
Ejercito, no tienen parangón con la de cualquier político, a pesar de cuál sea
la magnitud de la fuerza política y social que le haya sido otorgada por las
urnas.
En realidad,
la decisión ya esta tomada… y para no cargar con el costo político de esta, o
por lo menos aligerarlo, es que AMLO se saca de su chistera la vacilada de una
supuesta “consulta popular” (o ciudadano, poco importa el termino).
Como
cualquier político profesional, cuyo principal objetivo es la conquista del
poder y la conservación de este (no importa con cuales intenciones y objetivo,
sea este de izquierda o de derecha) AMLO recurre entonces a la antigua, bien
rodada y siempre vigente recurso de la Manipulación.
Manipulación
que este caso (como en tantos otros, que parece ser ya un sello distintivo de
la casa Morena) se traduce en el tan socorrido recurso de la “consulta popular”
o la “encuesta ciudadana”.
Procederes
que se presentan como la aplicación de una “democracia participativa”, cuando
no son mas que el artilugio que permite dotar de una legitimidad política
democrática a una decisión tomada desde antes del “ejercicio democrático”, por
la organización y/o su líder máximo.
En el caso de
la consulta, este ejercicio se traduce en la instalación, en lugares
estratégicos, de algunas cuantas mesas a las cuales acuden unos cuantos
“ciudadanos” que, generalmente, después de alguna platica con quienes atienden
las listas o las “urnas caseras” indican su la naturaleza de su voto o
depositan su papeleta.
En el caso de
la encuesta, el ejercicio es todavía mas “engañoso”, dado que, por lo general,
se trata de una simple llamada telefónica en la cual el sujeto encuestado tiene
que escoger entre dos o más opciones.
Todo esto sin
ningún control por parte de la ciudadanía, ni siquiera de algún órgano
institucional, que puedan avalar el “carácter democrático” del ejercicio, ni en
cuanto a quienes participan, el respecto de alguna metodología, y mucho menos
los resultados verídicos que arrojan dichas consultas o encuestas.
Consulta o
encuesta que pueden ser vinculantes o no, según el objetivo perseguido con la
organización de las mismas.
En este caso
en particular, todo indica que el ejercicio tendrá carácter de vinculante, dado
que se trata de “evadir el bulto” de evitar, hasta donde sea posible, el costo
político que representará la decisión tomada -con toda anticipación, mucho
antes de dicho ejercicio democrático- sea cual sea esta.
No solo
evadir la responsabilidad de la decisión tomada, sino cargar la misma sobre la
espalda de la “ciudadanía” quien habrá elegido democráticamente una tan difícil
y arriesgada decisión.
Finalmente, a
pesar de su carácter de “luchador social” y político comprometido con “los
intereses de las mayorías”, AMLO no deja de ser un político profesional cuyo
verdadero y ultimo interese es la lucha por el poder y la retención de este…
por lo cual no puede no tomar en consideración este hecho esencial: su poder
real es muy escaso, prácticamente inexistente… y el muy menguado que le dejan
quienes si lo tienen y lo ejercen consiste esencialmente en la importantísima
función de legitimar la estructura de poder, las relaciones de dominación
existentes. Procurar aminorar (que no solucionar o eliminar) las
contradicciones y conflictos generados por esta estructura, con el menor grado
de violencia posible, generar el máximo consenso posible en torno a las
políticas decididas por quien realmente gobiernan (es decir, toman las
decisiones que favorecen sus particulares intereses, dejando para el resto de
la población las migajas que “su” representante tendrá a bien distribuir con la
mayor dosis posible de justicia y equidad)
En suma procurar
que los dominados acepten, con agrado, su sumisión, la integren como un hecho
inapelable, una Ley de la naturaleza divina… ya no siendo esta una divinidad
del más allá, sino terrenal… llamada Democracia.
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