ASESINANDO IMPUNEMENTE

A continuación, la reseña (copiado/pegado) de extractos de varios artículos periodísticos relacionados con el asesinato del periodista mexicano JAVIER VALDEZ, ocurrido el pasado 15 de mayo… seguido de mi propio comentario.

No al silencio

Tomado de la revista digital española “ctxt”

Este pasado 15 de mayo, asesinaron al periodista mexicano Javier Valdez Cárdenas, fundador y reportero del semanario RíoDoce. Lo tirotearon en Culiacán (Sinaloa) a plena luz del día. Valdez era uno de los veteranos en la cobertura de temas de violencia y narcotráfico. Su libro Narcoperiodismo es ya una obra de referencia sobre el tema.

Valdez ha sido el sexto en lo que va de año. 

En marzo asesinaron a otros tres periodistas a balazos en México: Cecilio Pineda, en Guerrero, Ricardo Monlui, en Veracruz, y Miroslava Breach, en Chihuahua. El 14 de abril ajusticiaron a Maximino Rodríguez, en la ciudad de La Paz, y el 2 de mayo, a Filiberto Álvarez, cronista de Morelos.

El mismo día 15 de este mes, solo horas después del asesinato de Valdez, tirotearon en Jalisco a la subdirectora comercial del semanario El Costeño y esposa de su propietario, Sonia Córdova, y a su hijo, Jonathan Rodríguez Córdova, que murió en el acto. A finales de marzo, dejaron malherido a balazos a Julio Omar Gómez y mataron a su guardaespaldas en el Distrito Federal, y el mismo mes, el periodista Armando Arrieta recibió un tiro en Veracruz.

En 2016, México se convirtió en el tercer país del mundo con más comunicadores asesinados, 11, solo superado por Irak (15) y Afganistán (13), según datos de la Federación Internacional de Periodistas.

La violencia contra los informadores en México es un crimen que nos afecta a todos. Denunciar la impunidad que la ampara es una responsabilidad ineludible.

Los Colegios Profesionales de Periodistas, como representantes legales de la profesión, condenamos rotundamente esta situación y exigimos a las autoridades mexicanas que actúen para ponerle freno. Asesinar al periodista no mata la verdad.

El pasado 25 de marzo, tras el asesinato de su colega Miroslava Breach, Javier Valdez escribía en Twitter: “A Miroslava la mataron por lengua larga. Que nos maten a todos si esa es la condena de muerte por reportear este infierno. No al silencio.”

Junto a Valdez, nosotros también queremos gritar: NO AL SILENCIO.

Colegios Profesionales de Periodistas de Cataluña, Galicia, Murcia, Andalucía, País Vasco, Rioja, Castilla y León, Navarra y Asturias.

Crimen contra la libertad

Sólo 8.6% de los atentados, con sentencia

José Antonio Román. En el periódico La Jornada de fecha 17 de mayo 2017.

De las 197 averiguaciones previas iniciadas desde 2000 para investigar los asesinatos y desapariciones de periodistas, así como los atentados contra medios de comunicación, sólo en 17 de ellas se ha dictado sentencia, lo cual refleja la impunidad casi generalizada que existe en el país para castigar las agresiones contra comunicadores.

De acuerdo con las cifras actualizadas del seguimiento que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace de dichas averiguaciones, el resto está en proceso de integración, reserva, archivo definitivo (no ejercicio de la acción penal), consignada pero sin sentencia o sobreseída.

Incluso, medio centenar de ellas se encuentran en integración desde hace cinco años o más, alcanzando hasta 15 años en uno de los casos. Y aunque las autoridades ministeriales realizan diligencias, éstas no resultan del todo idóneas para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los probables responsables de los mismos, ni el motivo y las causas que ocasionaron la agresión.

Édgar Corzo, titular de la quinta visitaduría general de la CNDH, encargada del programa de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, señaló que en el organismo nacional existe una enorme preocupación por estas agresiones que van en aumento, pero también el altísimo porcentaje de impunidad, que termina siendo un aliciente para los agresores, pues saben que quedarán sin castigo.

La violencia que no cesa, la protección que no alcanza

Jan Jarab. Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

En términos de seguridad de periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos, los primeros cuatro meses de 2017 han sido escalofriantes: por lo menos seis asesinatos de periodistas, dos de activistas y dos escoltas de beneficiarios del mecanismo nacional de protección. Pero la pesadilla parece no tener fin. En los días recientes, en menos de una semana se suman dos nuevas víctimas: una protagonista del movimiento de familias de personas desaparecidas de Tamaulipas, Miriam Rodríguez, y el destacado periodista Javier Valdez en la capital de Sinaloa.

No son sólo dos estadísticas adicionales, sino dos seres humanos ejemplares, excepcionalmente valientes, con una trayectoria heroica. En su lucha por la verdad y la justicia, Miriam Rodríguez enfrentó la incapacidad del Estado de buscar a las personas desaparecidas e investigar. Y logró algo excepcional: no sólo encontrar los restos de su hija desaparecida, sino también identificar a los presuntos responsables y asegurar que fueran procesados. Miriam fue asesinada enfrente de su casa el Día de la Madres. Javier Valdez escribió sobre el poder del narco. En marzo tuiteó sobre el asesinato de Miroslava Breach, otra valiente periodista que investigaba los vínculos entre la delincuencia organizada y el poder político, asegurando que no se dejaría silenciar. Ayer unas balas silenciaron a Javier, casi enfrente de su oficina.

Si bien el asesinato de cualquier persona es condenable, el asesinato de quien defiende derechos humanos envía un terrible mensaje a quienes luchan por una sociedad mejor. De manera similar, el asesinato de un periodista no sólo afecta a su entorno más próximo, sino a la sociedad en su conjunto, pues acallándolo se viola el derecho de toda la sociedad a estar informada.

Las autoridades muchas veces atribuyen la responsabilidad de todos estos horrores simplemente al narco. Pero decir esto es una salida demasiado fácil, por tres razones:

Primero, porque, según los estándares internacionales, el Estado tiene el deber de proteger. En un país federal eso incluye ambos niveles: la federación y las entidades federativas. En lugar de responsabilizar cada uno al otro, ambos deberían desarrollar una política integral de protección; necesitan mostrar que realmente hacen todo lo posible para proteger a las personas amenazadas.

Segundo, porque existe una esfera de colusión entre autoridades y la delincuencia organizada, y porque en muchos casos los agentes del Estado cometen graves violaciones de derechos humanos. De hecho, cuando se trata de desapariciones, las familias nos han indicado que un alto porcentaje se trata de desapariciones propiamente forzadas, es decir, cometidas por agentes del Estado o por personas que actúan con su apoyo, autorización o aquiescencia. De manera similar, las organizaciones que se dedican a la protección de periodistas constatan que en muchos casos las amenazas vienen de agentes del Estado.

Y tercero, porque la enorme mayoría de los 126 asesinatos de periodistas cometidos entre 2000 y lo que va de 2017 –según la CNDH– han quedado impunes, así como las desapariciones. La Fiscalía para Delitos contra Libertad de Expresión ha sido, hasta la fecha, un ejemplo de ineficacia. El Estado es, sin ninguna duda, responsable por este círculo vicioso de impunidad. Si esto no cambia, todas las medidas de protección van a quedarse cortas y serán meros paliativos.

Javier Valdez: impunidad asesina

Editorial, de fecha 16 de mayo, del diario mexicano La Jornada.

Al mediodía de ayer, en pleno centro de Culiacán, fue asesinado Javier Valdez Cárdenas, corresponsal de este diario en Sinaloa y cofundador del semanario local Ríodoce. Dos sujetos armados lo despojaron de su vehículo y le dispararon varias ocasiones.

Es imprecisa la idea de que nuestro compañero se había vuelto un periodista especializado en temas de narcotráfico, delincuencia organizada y corrupción gubernamental. Fue más bien la realidad de su estado la que se deslizó por una pendiente de descomposición generalizada y por la pérdida de control de las autoridades constituidas. Y Javier hablaba de la realidad.

Fue ese proceso de desintegración lo que retrató en sus crónicas, en sus despachos y en sus libros, a sabiendas de que tal fenómeno era una amenaza de muerte para cualquier ciudadano, pero especialmente para los informadores.

A propósito de su última obra, Narcoperiodismo, editada a finales del año pasado, Javier dijo en entrevista con La Jornada: No hablamos sólo de narcotráfico, una de nuestras acechanzas más feroces. Hablamos también de cómo nos cerca el gobierno. De cómo vivimos en una redacción infiltrada por el narcotráfico, al lado de algún compañero en quien no puedes confiar, pues quizá sea el que pasa informes al gobierno o a los delincuentes.

El 23 de marzo cayó asesinada nuestra corresponsal en Chihuahua, Miroslava Breach Velducea. Hasta ahora, pese a las promesas gubernamentales de justicia, su crimen sigue impune.

En el país han sido asesinados más de 120 informadores de 2000 a la fecha. En la gran mayoría de los casos los responsables intelectuales y materiales ni siquiera han sido identificados, y mucho menos sometidos a juicio y sancionados conforme a derecho.

Matar a un periodista, a una mujer, a un defensor de derechos humanos, a un ciudadano cualquiera, se ha vuelto una actividad de muy bajo riesgo porque, según toda evidencia, en las instancias de gobierno estatales y federales la determinación de hacer justicia es meramente declarativa.

El hecho es que la responsabilidad última de las muertes de Javier, de Miroslava y de todos los informadores caídos en el país, cuyo número creció de manera exponencial desde que Felipe Calderón declaró una guerra irresponsable y contraproducente contra la delincuencia organizada, recae en los gobernantes que no han sido capaces de garantizar el derecho a la vida de los ciudadanos, que han actuado con indolencia, en el mejor de los casos, ante el agudo deterioro de la seguridad pública, que han alimentado la espiral de violencia al convertir un problema originalmente policiaco en un asunto de seguridad nacional y que han sido omisas en la procuración e impartición de justicia.

Los gobiernos sinaloense y federal deben actuar ya y esclarecer y sancionar sin dilaciones el asesinato de Javier Valdez Cárdenas. Si las autoridades no ponen fin a esta violencia enloquecida, si no se emprende un viraje en las políticas de seguridad públi- ca vigentes, en lo sustancial, desde el calderonato, y si este más reciente crimen no se esclarece conforme a derecho, se fortalecerá la percepción de que no hay autoridad alguna.

Astillero

Columna diaria del periodista Julio Hernández López en el periódico mexicano La Jornada

El asesinato de Javier Valdez Cárdenas se inscribe en el proceso de oscurecimiento de la vida pública mexicana que busca inhibir, mediante el amedrentamiento y el asesinato, el ejercicio cívico, político y periodístico que sea inconveniente para los distintos ámbitos de poderes, institucionales y fácticos, que a fin de cuentas se funden en intereses y complicidades, decididos a cerrar el paso, al costo que sea, a la oposición política, a la denuncia ciudadana, al activismo social, al ejercicio periodístico honesto y a la crítica fundada.

Cortar la vida de Javier Valdez va más allá de las circunstancias específicas del grupo criminal que lo mantenía bajo amenazas, y de la información o análisis que hubiera molestado a esos jefes intocables. Antes que él, Miroslava Breach, también corresponsal de La Jornada, pero en Chihuahua, fue ejecutada a la puerta de su domicilio, frente a su hijo, en otro cumplimiento mortal de advertencias previas. En Guerrero, Sergio Ocampo, otro corresponsal jornalero, y Jair Cabrera, fotógrafo y colaborador de La Jornada, fueron parte del grupo de siete periodistas asaltados, robados y amenazados de quemarlos vivos por un centenar de personas armadas y encapuchadas.

Ellos son los eslabones más recientes de una imparable cadena de agresiones contra periodistas que ejercen su oficio fuera de Ciudad de México, en entidades donde los cárteles dominantes suelen tener bajo su control a autoridades de toda índole y nivel, sin que haya jamás la esperanza sensata de que los agravios vayan a producir una investigación seria y confiable o que los verdaderos responsables, materiales e intelectuales, serán aprehendidos, procesados y sentenciados.

Con frecuencia, esas investigaciones hechizas sólo sirven para simular que las instituciones y los políticos gobernantes producen algo más que las rutinarias declaraciones de que se buscará a los responsables, se indagará hasta las últimas consecuencias y se castigará a los culpables, caiga quien caiga. Puede ser que, para dar la impresión de que se avanza en la búsqueda de justicia, se recurra al expediente clásico de habilitar a algún presunto responsable, reclutado de los bajos fondos controlados por los propios policías, con el ánimo de ir confinando el expediente al voluminoso archivo de los casos nunca verdaderamente resueltos.

Pero más que aplicar un lente para ver a larga distancia y enfocar el tema en los detalles de las figuras inmersas en los procesos judiciales, es necesario utilizar un gran angular, que nos permita una toma amplia y visualizar al sistema en su conjunto. Los asesinatos y agresiones contra periodistas tienen como referente estructural al Estado mexicano como un narcoestado y a los gobernantes y funcionarios públicos de alto nivel como parte de la narcopolítica.

Reportar y documentar lo que sucede en el plano operativo cotidiano de las bandas criminales, informar y analizar los acontecimientos de cada ciudad o región significa lesionar los intereses de esos políticos, gobernantes y funcionarios públicos, cuya estancia en los asientos de poder y la facultad de manipular actividades forenses y procesales está condicionada por los arreglos previos y los vigentes con los grupos criminales específicos, los que jalan el gatillo o cometen el secuestro para sostener el sistema en cuyas alturas los políticos disparan discursos y mentiras para sobrellevar el funcionamiento de los negocios acordados.

Javier Valdez fue un periodista valiente y valioso, generoso en la compartición de los datos y la experiencia que iba acumulando, responsable y cuidadoso para tratar de eludir la furia asesina de capos y sicarios. Con entereza profesional cubría la nota diaria para RíoDoce, La Jornada y la Agence France-Presse (Afp), al mismo tiempo que acumulaba apuntes y bocetos para los libros que fue publicando con un éxito notable, convertido en un relator afinado y atinado de los procesos económicos, sociales y culturales derivados del predominio del crimen organizado y, desde luego, los delicados entretelones de la convivencia entre ese crimen dominante y los actores y factores políticos. Javier supo descifrar y mostrar las circunstancias del negocio criminal compartido por cárteles y políticos, mediante un lente gran angular que, recurriendo al relato con nombres y detalles cambiados, recuperando habla, modismos e historias populares, puso a la vista de los mexicanos, pero también de muchos extranjeros (era muy apreciado por directivos y activistas de organizaciones defensoras del ejercicio periodístico y por corresponsales y periodistas extranjeros), el complejo mural de la delincuencia organizada, el aparato político docilitado y la sociedad acoplada de diversas formas a esa realidad ineludible.

¿POR QUÉ ASESINAR PERIODISTAS?

La respuesta me parece sencilla… acallar quienes reportan, no solo el reguero de sangre y muerte, así como los múltiples estragos de todo tipo y naturaleza de la “guerra contra el narco”, sino, y ante todo, amordazar quienes evidencian la colusión entre el crimen organizado y los poderes, tanto institucionales como facticos.

Se trata de infundir, inocular EL MIEDO… que lograra silenciar, invisibilizar, tornar ordinario y aceptable el crimen… ocultar la colusión, la complicidad, tanto pasivas como activas.

¿CUÁL RESPUESTA?

Frente a estos crímenes fríamente calculados y ejecutados, que permanecen impunes, la respuesta del gremio periodístico no va más allá de unas vehementes e indignadas “protestas” escritas o gritadas, que pronto se desvanecen.

En cuanto a la “sociedad civil”, esta también se indigna, manifiesta… y se olvida.

¿QUÉ HACER?

Los escasísimos lectores de este blog, saben que, en el, he expresado que, tomando en consideración el hecho de que toda rebelión que se desarrolla en el marco de la legalidad institucional es recuperada y por lo tanto anulada y condenada al fracaso, el único acto subversivo capaz de “hacer cambiar de bando el miedo” es, bajo sus múltiples formas y expresiones, el “sabotaje generalizado”.

Como también saben que, el “ajusticiamiento” de los responsables de la implementación y perpetuación del “orden reinante”, es el necesario y deseable complemento a este sabotaje generalizado.

Ajusticiamiento, selectivo y proporcional al daño infligido.

Ya va siendo hora de que las respuestas sean consecuentes…

de que EL MIEDO CAMBIE DE BANDO.

Posdata: El ajusticiamiento no es el acto irreflexivo e impulsivo, de un individuo solitario, sino la ejecución de un acto concienzudamente preparado y llevado a cabo por una de las numerosas células (a la vez federadas e inconexas) que conforman el “tejido rebelde” del sabotaje generalizado.