DERECHO DE MANIFESTAR... DEBER DE RESISTIR.

Desde hace varios meses muchos trabajadores y colectivos de trabajadores, encabezados por la CGT (Confederación General del Trabajo) manifiestan regularmente en Francia contra la ley conocida como Ley El Khomri (del nombre de la ministra del trabajo) que es una profunda reforma a la ley que regula las relaciones laborales en Francia.

Reforma de corte netamente neoliberal, es decir de adaptación de las relaciones laborales a los intereses y dictados del mercado… mayor flexibilidad, mayores facilidades y menor costo para los despidos, preeminencia de los “acuerdos” a nivel de cada empresa sobre los convenios por ramas industriales, en suma, mayor precarización de los trabajadores, mayores beneficios para los empresarios y, de paso, debilitamiento de los sindicatos.

Ley, que ante el rechazo de la misma por una muy clara mayoría de los franceses (según varios “estudios de opinión), la muy firma oposición de los trabajadores, e incluso la oposición de una parte del gobernante Partido Socialista, no le fue posible al gobierno, hacerla votar por el Parlamento, recurriendo al artículo 49-3 de la Constitución, el cual faculta al ejecutivo  interponer en el Parlamento una moción de censura, y en caso de ganarla, dar por adoptado el proyecto de ley motivo del procedimiento.

Es para hacer frente a este procedimiento considerado como “de fuerza”, autoritario y no democrático, que los trabajadores emprendieron un intenso y muy prolongado movimiento de protesta, recurriendo a manifestaciones, huelgas y “bloqueos”.

Manifestaciones muy concurridas, con mayor participación en cada una de ellas, y que se llevaban a cabo, no solo en Paris sino en muchas otras ciudades francesas.

Manifestaciones que, en muchas ocasiones, terminaban con duros enfrentamientos con la policía (con saldo de varios heridos de gravedad), por parte de grupos de jóvenes asimilados a los Black Block, cuya “estrategia” es la confrontación con las fuerzas del orden, al servicio de un Estado protector de los intereses de la oligarquía, empleando para tal fin “tácticas”, calificadas por el Estado, nada menos que como, de guerrilla urbana.

Manifestaciones apoyadas por varias huelgas en empresas consideradas como estratégicas y, hecho muy poco común, toda una serie de bloqueos llevados a cabo por “piquetes” de trabajadores, principalmente de las vías de comunicación y las refinerías, lo cual se tradujo, durante algunos días, en una (¿real o ficticia?) escasez de gasolina en varios puntos de Francia.

Acciones, que, por su amplitud, naturaleza y simultaneidad, se asemejaban mucho a lo que, dentro del “lenguaje” de los colectivos antisistema más radicales, se conoce como la estrategia del “sabotaje” en su modalidad de “paralización” de los centros nerviosos del sistema.

Acciones, que evidentemente no podían ser tolerados por el gobierno.

Habiéndose dado por concluidas estas acciones de “paralización”, así como muchas de las huelgas, quedaban en pie las manifestaciones, cada día más nutridas… y con mayor violencia en el enfrentamiento entre la policía y una parte de los manifestantes.

Violencias que, desde mi particular punto de vista, nunca quedo muy claro si se trataba de genuinos manifestantes afines al movimiento Black Block, o de personas infiltradas por el mismo gobierno, para desprestigiar dichas manifestaciones a los ojos de la opinión pública.

Es así que, creyendo el gobierno haber logrado con éxito su campaña mediática de desprestigio, y aprovechando la distracción de la “euforia futbolera” de la Eurocopa, este se atrevió, en un primer momento, a prohibir una enésima manifestación de los trabajadores (encabezada por la CGT y FO) prevista para el jueves 23 de junio.

Prohibición, que ante la férrea resistencia de los sindicatos que aseguraron que no acatarían tal prohibición, y la oposición de la mayoría de las fuerzas políticas a esta medida juzgada autoritaria y contrario a los derechos consagrados en la Constitución, algunas horas después, el gobierno reculo, autorizando la manifestación… pero restringiendo está a una mera marcha en un circuito ovalo de 1.6 kilómetros de longitud y con un impresionante dispositivo de seguridad, formado por más de 2000 policías antimotines, y un muy minucioso registro y cacheo, en todos los accesos al “circuito cerrado”, de quienes pretendían sumarse a la manifestación.

No fue un total fracaso de quienes habían apelado a la manifestación, logrando juntar alrededor de 60,000 personas… pero, que, durante unas horas, literalmente encerradas, encadenadas, se contentaron con pasearse apaciblemente, bajo la permanente y disuasiva vigilancia de las amenazantes fuerzas del orden.

Pero si fue un éxito… ¿pírico?... del gobierno, que logro apagar la fuerza y el fulgor mostrado hasta entonces por quienes se oponen a esta nueva Ley normando las relaciones laborales de acuerdo a los intereses de la oligarquía.

Victoria, pírica o no, que en los hechos representa un muy grave ataque a lo que la mayoría de los gobiernos occidentales consideran como siendo la “democracia”.

Reunirse y manifestarse, para expresar colectivamente sus ideas y opiniones, es un derecho reconocido y plasmada en todas estas democracias liberales. Solo el respecto de este derecho garantiza la expresión directa del pueblo fuera de los periodos electorales.

La democracia, no es solo el derecho al voto y la consecuente delegación del poder de gobernar a quienes hayan sido electos. Estos son solo dos “instrumentos momentáneos” de la soberanía del pueblo. Habiendo cumplido con esta formalidad, queda por cumplir con la parte medular de un régimen que se pretende democrático: la participación consciente, autónoma y activa de los gobernados en la construcción de las acciones que nutren de contenido el cascaron, vacío y virtual, del sistema constitutivo de las relaciones político-sociales entre los miembros de la comunidad.

De lo contrario, tal como lo caracterizaba Tocqueville, no se trata de una verdadera democracia, sino de una “suave tiranía” en la cual el Pueblo (o los miembros de la comunidad si queremos evitar la connotación peyorativa del termino pueblo) no tiene más derecho que el de “¿escoger?”, cada cierto tiempo, sus “dirigentes” antes de regresar, en una duradera servidumbre, al silencia y a su ausencia.

Frente a un gobierno que no tiene el mas mínimo rubor en pisar la propia Constitución, prohibiendo o acotando el derecho a la libre manifestación… el derecho a manifestar se transmute, legítimamente, en, no solo el derecho, sino el deber de resistir.

Derecho… deber… que ya plasmaba el artículo 35 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el ciudadano, como preámbulo de la Constitución francesa del 24 de junio de 1793, el cual rezaba:

“Cuando el gobierno violenta los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y cada porción de este, el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes”.

Artículo que obviamente ya no figura en la actual Constitución francesa, como tampoco en ninguna otra de cualquier nación que se pretende democrática… pero que, para los “verdaderos demócratas” sigue vigente y legitima su accionar.

“Los ciudadanos saben perfectamente que no se les llama a votar para consultar sus razones, sino para hacerles entrar en razón.”

Carlos Fernández Liria. Educación para la Ciudadanía