Desde hace
varios meses muchos trabajadores y colectivos de trabajadores, encabezados por
la CGT (Confederación General del Trabajo) manifiestan regularmente en Francia
contra la ley conocida como Ley El Khomri (del nombre de la ministra del
trabajo) que es una profunda reforma a la ley que regula las relaciones laborales
en Francia.
Reforma de
corte netamente neoliberal, es decir de adaptación de las relaciones laborales
a los intereses y dictados del mercado… mayor flexibilidad, mayores facilidades y
menor costo para los despidos, preeminencia de los “acuerdos” a nivel de cada
empresa sobre los convenios por ramas industriales, en suma, mayor precarización
de los trabajadores, mayores beneficios para los empresarios y, de paso, debilitamiento
de los sindicatos.
Ley, que ante
el rechazo de la misma por una muy clara mayoría de los franceses (según varios
“estudios de opinión), la muy firma oposición de los trabajadores, e incluso la
oposición de una parte del gobernante Partido Socialista, no le fue posible al
gobierno, hacerla votar por el Parlamento, recurriendo al artículo 49-3 de la Constitución,
el cual faculta al ejecutivo interponer
en el Parlamento una moción de censura, y en caso de ganarla, dar por adoptado
el proyecto de ley motivo del procedimiento.
Es para hacer
frente a este procedimiento considerado como “de fuerza”, autoritario y no democrático,
que los trabajadores emprendieron un intenso y muy prolongado movimiento de
protesta, recurriendo a manifestaciones, huelgas y “bloqueos”.
Manifestaciones
muy concurridas, con mayor participación en cada una de ellas, y que se
llevaban a cabo, no solo en Paris sino en muchas otras ciudades francesas.
Manifestaciones
que, en muchas ocasiones, terminaban con duros enfrentamientos con la policía
(con saldo de varios heridos de gravedad), por parte de grupos de jóvenes asimilados
a los Black Block, cuya “estrategia” es la confrontación con las fuerzas del
orden, al servicio de un Estado protector de los intereses de la oligarquía,
empleando para tal fin “tácticas”, calificadas por el Estado, nada menos que como,
de guerrilla urbana.
Manifestaciones
apoyadas por varias huelgas en empresas consideradas como estratégicas y, hecho
muy poco común, toda una serie de bloqueos llevados a cabo por “piquetes” de trabajadores,
principalmente de las vías de comunicación y las refinerías, lo cual se
tradujo, durante algunos días, en una (¿real o ficticia?) escasez de gasolina en
varios puntos de Francia.
Acciones, que,
por su amplitud, naturaleza y simultaneidad, se asemejaban mucho a lo que,
dentro del “lenguaje” de los colectivos antisistema más radicales, se conoce
como la estrategia del “sabotaje” en su modalidad de “paralización” de los centros
nerviosos del sistema.
Acciones, que
evidentemente no podían ser tolerados por el gobierno.
Habiéndose
dado por concluidas estas acciones de “paralización”, así como muchas de las
huelgas, quedaban en pie las manifestaciones, cada día más nutridas… y con
mayor violencia en el enfrentamiento entre la policía y una parte de los
manifestantes.
Violencias
que, desde mi particular punto de vista, nunca quedo muy claro si se trataba de
genuinos manifestantes afines al movimiento Black Block, o de personas
infiltradas por el mismo gobierno, para desprestigiar dichas manifestaciones a
los ojos de la opinión pública.
Es así que,
creyendo el gobierno haber logrado con éxito su campaña mediática de
desprestigio, y aprovechando la distracción de la “euforia futbolera” de la
Eurocopa, este se atrevió, en un primer momento, a prohibir una enésima manifestación
de los trabajadores (encabezada por la CGT y FO) prevista para el jueves 23 de
junio.
Prohibición,
que ante la férrea resistencia de los sindicatos que aseguraron que no acatarían
tal prohibición, y la oposición de la mayoría de las fuerzas políticas a esta
medida juzgada autoritaria y contrario a los derechos consagrados en la Constitución,
algunas horas después, el gobierno reculo, autorizando la manifestación… pero restringiendo
está a una mera marcha en un circuito ovalo de 1.6 kilómetros de longitud y con
un impresionante dispositivo de seguridad, formado por más de 2000 policías
antimotines, y un muy minucioso registro y cacheo, en todos los accesos al “circuito
cerrado”, de quienes pretendían sumarse a la manifestación.
No fue un total
fracaso de quienes habían apelado a la manifestación, logrando juntar alrededor
de 60,000 personas… pero, que, durante unas horas, literalmente encerradas, encadenadas,
se contentaron con pasearse apaciblemente, bajo la permanente y disuasiva vigilancia
de las amenazantes fuerzas del orden.
Pero si fue
un éxito… ¿pírico?... del gobierno, que logro apagar la fuerza y el fulgor
mostrado hasta entonces por quienes se oponen a esta nueva Ley normando las
relaciones laborales de acuerdo a los intereses de la oligarquía.
Victoria, pírica
o no, que en los hechos representa un muy grave ataque a lo que la mayoría de
los gobiernos occidentales consideran como siendo la “democracia”.
Reunirse y
manifestarse, para expresar colectivamente sus ideas y opiniones, es un derecho
reconocido y plasmada en todas estas democracias liberales. Solo el respecto de
este derecho garantiza la expresión directa del pueblo fuera de los periodos
electorales.
La democracia,
no es solo el derecho al voto y la consecuente delegación del poder de gobernar
a quienes hayan sido electos. Estos son solo dos “instrumentos momentáneos” de
la soberanía del pueblo. Habiendo cumplido con esta formalidad, queda por
cumplir con la parte medular de un régimen que se pretende democrático: la participación
consciente, autónoma y activa de los gobernados en la construcción de las
acciones que nutren de contenido el cascaron, vacío y virtual, del sistema
constitutivo de las relaciones político-sociales entre los miembros de la
comunidad.
De lo
contrario, tal como lo caracterizaba Tocqueville, no se trata de una verdadera democracia,
sino de una “suave tiranía” en la cual el Pueblo (o los miembros de la
comunidad si queremos evitar la connotación peyorativa del termino pueblo) no
tiene más derecho que el de “¿escoger?”, cada cierto tiempo, sus “dirigentes”
antes de regresar, en una duradera servidumbre, al silencia y a su ausencia.
Frente a un
gobierno que no tiene el mas mínimo rubor en pisar la propia Constitución,
prohibiendo o acotando el derecho a la libre manifestación… el derecho a
manifestar se transmute, legítimamente, en, no solo el derecho, sino el deber
de resistir.
Derecho…
deber… que ya plasmaba el artículo 35 de la Declaración de los Derechos del
Hombre y el ciudadano, como preámbulo de la Constitución francesa del 24 de
junio de 1793, el cual rezaba:
“Cuando el gobierno violenta los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y cada porción de este, el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes”.
“Cuando el gobierno violenta los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y cada porción de este, el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes”.
Artículo que
obviamente ya no figura en la actual Constitución francesa, como tampoco en
ninguna otra de cualquier nación que se pretende democrática… pero que, para
los “verdaderos demócratas” sigue vigente y legitima su accionar.
“Los ciudadanos saben
perfectamente que no se les llama a votar para consultar sus razones, sino para
hacerles entrar en razón.”
Carlos Fernández Liria.
Educación para la Ciudadanía