REALIDAD DE LA LEY.

Acabo de leer, en la revista digital española ctxt, de fecha 24 de septiembre, un artículo titulado “La Ley”, escrito por Gerardo Tecé, el cual me permito transcribir a continuación, en vista de la nitidez con la cual ilustra la enorme distancia que existe entre las leyes y su aplicación.

Transcripción al final de la cual me permito añadir una reflexión mía (de hecho, más que una reflexión es una contundente afirmación), nacida de mi total desacuerdo con el autor cuando en el último párrafo escribe que “la aplicación de la ley…  en muchos casos depende de la voluntad de quienes mandan.”

La Ley

Gerardo Tecé

Art.43 CE. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Detenida por orden judicial la alcaldesa de Madrid, Ana Bolleta, tras la firma de un acuerdo entre el consistorio de la capital y el fondo buitre Blackstone. La venta para uso especulativo de más de 1.800 viviendas propiedad del Ayuntamiento supone un acto de desobediencia a la Constitución Española en su artículo 47 y pone, según han declarado tanto el presidente del Gobierno como el líder de la oposición en una declaración conjunta en La Moncloa, en peligro la democracia y el Estado de Derecho. “Mi Gobierno no va a permitir que nadie se salte la legalidad ni el orden constitucional; ya he dado órdenes para que se pongan en marcha cuantos mecanismos estén a nuestro alcance para que, quienes actúan de forma ilegal poniendo en peligro las instituciones, se plieguen ante el Estado de Derecho”. Por su parte, el líder de la oposición, ha tachado de “irresponsable y muy peligroso para la convivencia” que altos cargos públicos se comporten “como auténticos anti sistemas, ventilando desde sillones de responsabilidad artículos enteros de la Constitución que todos los españoles nos dimos en 1978”. En las próximas horas podría haber más detenciones relacionadas con la especulación de la vivienda por parte de los poderes públicos.

Art47 CE. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.

Médicos de familia andaluces denuncian un sistema por el cual la Junta de Andalucía penaliza a los profesionales sanitarios que superen un cupo de derivaciones al especialista. Tras hacerse público el escándalo, que pone en peligro la protección de la salud de los ciudadanos de Andalucía, la Audiencia Nacional se ha declarado competente para llevar este caso de posible atentado contra la salud pública española. Hemos podido conocer de primera mano declaraciones de algunas víctimas de esta alteración del orden constitucional, que podría acarrear consecuencias trágicas para parte de la población: “tenía un dolor de estómago fuerte, pero el médico de cabecera no podía derivarme al digestivo porque ya había superado el cupo y eso me supuso una úlcera sangrante que casi me cuesta la vida”. La deriva ilegal de los altos cargos de la Junta pone en riesgo profesional y legal a los subordinados obligados a cumplir órdenes jerárquicas y saltarse el artículo 47 de la Constitución, señala la plataforma de profesionales MADC –Médicos Andaluces por la Democracia y la Constitución- referente cívico por sus acciones de resistencia ante este ataque a la legalidad vigente. En lo que va de año los médicos asociados a MADC han derivado a especialistas a todo aquel que realmente lo necesitaba, imponiendo el criterio profesional y la defensa de la Constitución y obviando el cupo ilegal impuesto por los altos cargos de la administración pública andaluza. Defender la Constitución Española les ha costado una persecución política, económica y profesional. Ante este escándalo que podría tener trágicas consecuencias para la vida de miles de andaluces, el Gobierno estaría estudiando la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la CE, ya que se estaría dando el supuesto requerido para activar el mecanismo: “si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan”.

Art128 CE. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

El rescate bancario es sólo la punta del iceberg, según ha declarado en rueda de prensa el comisario Peralejo, jefe de policía que ha dirigido la investigación que ha dado lugar a las detenciones de los responsables de los casos Bankia, Endesa, Telefónica, Castor, Radiales o ADIF. “Para que todo el mundo lo entienda, esto ha sido como si yo cojo el dinero del presupuesto familiar de mi casa y me lo gasto en comprar tomates podridos en el mercado a precio de oro. Luego, al volver a casa con los tomates en mal estado, voy y malvendo la comida que tenemos en la despensa que está en buen estado. Este era el modus operandi de esta red delictiva que esquilmaba los recursos económicos del país a conciencia. Ha sido un robo descarado saltándose la legalidad vigente que marca la Constitución en el 128, que nos obliga a velar por el interés y la riqueza general”. Según ha informado el comisario Peralejo, entre los detenidos hay presidentes y ex presidentes del Gobierno, ministros de Economía, diputados y secretarios de Estado que se beneficiaban, una vez salían de la administración pública, de millonarios sueldos de esas mismas empresas privatizadas a pesar de, en el momento de la privatización, suponer una fuente de riqueza para el interés general. Sin salirnos de la crónica de tribunales, tras año y medio de cárcel ha pasado a tercer grado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montero, que utilizó recursos económicos y legales del ministerio para diseñar una regulación fiscal ilegal que beneficiaba a quienes evadieron impuestos durante años, vulnerando gran parte del Título I de la CE que obliga a “contribuir al sostenimiento de los gastos públicos”.

Art104 CE. Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

El líder del partido naranja, Albert Olvera, ha calificado de golpe de Estado contra la democracia los hechos destapados por diario Público sobre las cloacas del Estado. “Que desde el ministerio de Interior se use a la policía y a las fuerzas de seguridad para perseguir a rivales políticos, fabricar informaciones falsas, extorsionar o destruir pruebas judiciales de delitos, es indignante y pedimos la dimisión inmediata de todos los responsables por este ataque a las libertades”. El que era hasta hoy socio del Gobierno ha anunciado tras la ruptura que “esto no quedará en el ámbito político, queremos ver ante los tribunales a los responsables de haber prostituido de esta forma a las fuerzas y cuerpos de seguridad desoyendo la función que la Constitución les otorga, es gravísimo, estamos ante un ataque a la nación y tenemos que defendernos”.

LEY 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha movilizado a centenares de antidisturbios ante el acto que -a pesar de ser declarado ilegal por el juzgado de instrucción número 4 de la capital tras la denuncia del PP- la Fundación Francisco Franco anuncia que celebrará el próximo fin de semana en un hotel de Madrid. A pesar de los registros de varias imprentas e incautación de cartelería del acto y el cierre de la página web de la fundación, los convocantes insisten en que pretenden homenajear y enaltecer la represión franquista. Esto supondría saltarse la Ley52/2007 que protege a sus víctimas. “El acto no se celebrará”, ha declarado con contundencia en rueda de prensa el presidente del Gobierno Mariano Ya-voy. “Mi trabajo es hacer cumplir la ley y es lo que voy a hacer, porque un presidente hace lo que hace y tiene que hacer lo que tiene que hacer”. A su vez, el ministro de Interior Juan Ignacio Zódiac ha anunciado la detención del diestro Juan José Pradilla, acusado de enaltecimiento del odio y humillación a las víctimas del terrorismo de Estado del anterior régimen antidemocrático.

Todo lo relatado anteriormente, ya lo saben, es ficción. Es ficción por falta de voluntad política. Todo esto podría suceder si la hubiera y nada de esto ocurre ni ocurrirá. Y es que, la aplicación de la ley, la contundencia con la que se aplica y se persigue a quienes se la saltan, la intensidad con la que se defiende la legalidad vigente, en muchos casos depende de la voluntad de quienes mandan. Por favor, dejen de usar como rehén de su inmovilismo a la legalidad. Y dejen de hablar de ella como si en este país fuera sagrada. Como si ustedes la respetaran.

Lo mismo ocurre con todas las Leyes, de todos los Estados, así como todas las instituciones u organismos supranacionales, como, por ejemplo, la Unión Europea o el FMI.

Supuestamente, son la “concretización” del tan cacareado Estado de Derecho, que, a su vez, supuestamente, permite la pacífica convivencia de los “distintos” que integran un espacio o una entidad social.

En la real realidad (*), las leyes, todas, provengan de donde provengan, legislen quienes legislen, sean cuales sean (constitucionales, orgánicas, penales, civiles, prohibitivas o permisivas) tienen una sola razón de ser:

Mantener el estatuó quo.

Salvaguardar, para siempre, los intereses de quienes detentan y ejercen el poder (sea cual sea su origen, expresión o naturaleza).

Asegurar la permanencia en el poder, ad eternum, de quienes ejercen la dominación sobre quienes padecen la sumisión.

¡Así de sencillo!

(*) Dado que existe la realidad virtual.