Hace unos cuantos días,
tuve conocimiento de este MANIFIESTO, aparentemente dado a la luz pública el 28
de mayo de este año. En un primer momento lo “sobrevolé… pero al parecerme de
mucho interés… lo leí más detenidamente.
Después de esta segunda
lectura, no me pareció ser una “propuesta” que vaya mucho más allá de la que
podría dar a luz cualquier organización Socialdemócrata consecuente… pero,
visto la política económica, como la política “a secas”, que se está
implementando en México en estos días… la cual no es más que una grotesca
caricatura de la que, con diferentes matices, se está aplicando a nivel
mundial… me parece una propuesta digna de ser tomada en consideración,
estudiada y divulgada… aunque sea como un primer ¿posible? paso hacia una
política, que en todos sus campos y aspectos sea una política determinada por
el Pueblo para el Pueblo…o si prefieren, visto la actual connotación peyorativo
del término “Pueblo”… por la ciudadanía para la ciudadanía.
¿Posible?...
desgraciadamente esta “posibilidad” es hoy en día extremadamente remota… tanto
a nivel mundial, como, con mayor razón, en México. La implementación de una tal
política, por inocua que sea, representaría una real “revolución”… para la cual
no están dadas ninguna de las condiciones que la hagan, no solo posible, sino ni
tan siquiera soñada. Siendo, quizás, la principal de estas… la emergencia de
una ideología “programática” (que contemplé el "que" pero también el "cómo") y una
estructura política “ciudadana” (obviamente ajena a las Instituciones que se
quieren derribar) capaces de suplantar el actual “espíritu del capitalismo” y
organizar la necesaria e indispensable lucha contra quienes detentan los medios
que les permite ejercer su dominación. “Ideología” y “Organización”… cuya
existencia… se parece todavía mucho a una simple gota de agua en la inmensidad
del mar… incapaz de crecer y extenderse.
Lucha, sin duda alguna
violenta… nadie deja el Poder y sus privilegios voluntariamente.
Lo único que se acerca,
hoy, a esta utopía son… quizás… las autárquicas comunidades (Caracoles)
zapatistas rodeadas y acechadas en un pequeño rincón de la selva chiapaneca.
Recomiendo ampliamente la lectura del libro de Jerôme Baschet, “Adieux au capitalisme”, del cual
ignoro si existe alguna traducción al idioma español.
Manifiesto
"¡Reconstruyamos nuestra nación!"
jueves
28 mayo 2015
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“El
derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual
todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un
desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse
plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a
contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él.” (Declaración sobre el
derecho al desarrollo, Asamblea General de la ONU, 1986).
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Quienes firmamos este documento, catedráticos e investigadores miembros
del Consejo Nacional de Universitarios por una Nueva Estrategia de Desarrollo,
compartimos la indignación y el hartazgo de la ciudadanía ante la crisis de
derechos humanos, la inseguridad pública, la violencia y la complicidad entre
autoridades y delincuentes; ante la corrupción y los pactos de impunidad
explícitos o implícitos que estimulan los crímenes y fomentan el
enriquecimiento ilícito; ante la flotante casta de políticos que luchan por los
cargos públicos como botín pero no conectan con las necesidades y aspiraciones
de los ciudadanos; ante los privilegios que se autoasignan los altos
funcionarios públicos y la vida de reyes que se dan con dinero de los
contribuyentes; ante la afrentosa desigualdad que ubica al presidente de la
Suprema Corte de Justicia de México como el mejor pagado del planeta (con un
salario mensual de 563,417 pesos) y al salario mínimo en México (de 2,132 pesos
al mes) como el más bajo no solo entre los países de la OCDE sino también de
América Latina; ante la creciente pobreza, marginación, polarización social y
exilio de más de doce millones de mexicanos que se han ido al extranjero
durante las últimas tres décadas en busca de empleos que no encuentran en nuestra
patria, debido a la obcecada aplicación de una estrategia económica claramente
fracasada en términos de crecimiento del producto nacional y del bienestar de
la mayoría de los mexicanos.
De hecho, cumplimos ya tres décadas perdidas para el desarrollo y estamos
al comienzo de la cuarta década perdida. Durante el periodo 1983-2014, el
crecimiento del PIB mexicano ha sido de 2.3% anual (y en el primer bienio de
gobierno de Peña Nieto fue de 1.8% anual), de modo que el PIB per cápita apenas
ha crecido a una tasa media de 0.6% anual con un crecimiento acumulado de 22.4%
en estos 32 años, sin considerar a los 12 millones de emigrados al
extranjero; si los incluimos, el PIB per cápita sólo ha crecido 0.3% anual, con
un crecimiento acumulado de 10.2%.
Comparativamente, durante el periodo 1935-1982, el PIB mexicano creció a
una tasa media de 6.1% anual y el crecimiento del PIB per cápita fue de 3.2%
anual, con un crecimiento acumulado per cápita de 348% en 48 años. En 1982,
México era la octava economía del planeta con un PIB de 632,521 millones de
dólares estadounidenses a precios constantes de 1990 corregidos a paridad de
poder adquisitivo (PPA), mientras que China era la décima economía, con un PIB
de 515,321.3 millones de dólares PPA de 1990. Treinta y un años después, China
se convirtió en la segunda economía del mundo, con un PIB de 10,102,998.9 mdd
PPA de 1990, mientras que México descendió al onceavo lugar con un PIB de
1,288,065.8 mdd PPA de 1990.
No sólo extraviamos el camino del desarrollo, también sufrimos un fuerte
deterioro del bienestar de las mayorías nacionales. Durante el periodo
1983-2014, los salarios mínimos perdieron el 71.9% de su poder de compra, los
salarios contractuales en las ramas de jurisdicción federal sufrieron una caída
real de 64.4%, y los ingresos medios de los campesinos se redujeron más de un
tercio en términos reales; se agigantó el sector informal de la economía hasta
incluir al 58% de los ocupados; y más de treinta millones de mexicanos cayeron
en la pobreza. Nos enfilamos así hacia una grave pérdida de cohesión social,
cuyas manifestaciones son cada vez más alarmantes.
Saldremos de este túnel oscuro. El estallido de indignación emergido
desde muy amplios y diversos segmentos sociales unidos en el clamor de ¡¡basta
ya!! es la expresión de la esperanza. ¿Pero qué habrá después de la oscuridad?
¿Cuál es el México posible al que aspiramos y deseamos ver a plena luz? No hay
duda: la restauración de la cohesión social, de la convivencia justa y digna
entre los mexicanos, exige un magno esfuerzo de inteligencia colectiva, de
buena fe y de convergencia de voluntades para encontrar los caminos viables de
un México mejor.
Precisamente cuando fundamos el Consejo Nacional de Universitarios por
una Nueva Estrategia de Desarrollo nos trazamos como primer objetivo:
“conjuntar nuestros esfuerzos para formular un sistema integral de propuestas
viables de políticas públicas capaces de superar el pobre y errático
desempeño mostrado por la economía mexicana durante las últimas décadas,
fortalecer la cohesión social de nuestra nación y abrir los cauces de un
desarrollo sustentable, incluyente, equitativo y democrático”.*
Ahora, frente a la profunda crisis que ha sacudido la conciencia
ciudadana, proponemos los siguientes cursos de acción para la reconstrucción de
nuestra nación:**
I
QUÉ HACER PARA QUE LA ECONOMÍA CREZCA
MÁS
Y GENERE SUFICIENTES EMPLEOS DIGNOS
El primer gran reto es superar la pobreza y reducir la desigualdad que
padece nuestra nación, lo cual no es susceptible de lograrse a través de simples
mecanismos de compensación social; para lograrlo es preciso articular,
sinérgica y positivamente, la política económica y la social, a fin de asegurar
la plena inclusión de toda la población en las tareas y los beneficios del
desarrollo, dejando atrás la marginación y la exclusión. Por ello proponemos:
1. Fortalecer el mercado interno como el principal motor del desarrollo
económico, a través de la elevación sostenida del poder adquisitivo de los
salarios y del estímulo a la producción de bienes de consumo, intermedios y de
capital de origen nacional, lo que traerá consigo el mejoramiento de la calidad
de vida de la población y mayores encadenamientos productivos internos, tanto
de las industrias que abastecen el mercado interno como de las industrias
exportadoras, con la consiguiente mayor generación de empleos dignos. (Por el
contrario, la estrategia económica vigente que erige el mercado externo como el
principal motor de desarrollo fincando la competitividad de las exportaciones
en una política de bajos salarios y en la liberalización comercial para
importar bienes intermedios y de capital, ha traído consigo la caída del poder
de compra de los trabajadores, la desarticulación interna de la planta
productiva y una menor generación de empleos, debilitando sistemáticamente el
mercado interno).
Para lograr un mayor y más dinámico crecimiento del mercado interno es
necesario promover la competencia y regular los mercados oligopólicos para
poner coto a los poderes económicos dominantes, reduciendo así la pérdida
absoluta de los hogares y de las micro, pequeñas y medianas empresas que pagan
precios oligopólicos por numerosos bienes y servicios, liberando de este modo
un poder de compra adicional que hará crecer más el mercado interno. En
consecuencia, proponemos asegurar la plena autonomía y el fortalecimiento de
las instituciones responsables de promover la competencia y, sobre todo,
establecer precios máximos para los bienes y servicios en mercados
oligopólicos.
Proponemos
también aplicar una política de comercio exterior pragmática que utilice al
máximo los márgenes de maniobra para regular nuestro comercio exterior,
aplicando (exactamente igual a como proceden —aunque no lo prediquen— Estados
Unidos, Canadá y los demás países desarrollados) aranceles, normas técnicas,
salvaguardas y disposiciones contra prácticas desleales de comercio, a las
cuales tenemos derecho como parte contratante de la OMC e incluso del TLCAN (y
de otros acuerdos comerciales), sin demérito de aplicar órdenes de mercadeo y
otras restricciones cuantitativas habitualmente aplicadas por los países
desarrollados y por las exitosas economías emergentes.
2. Para minimizar la volatilidad del crecimiento económico y de la
generación de empleos proponemos redireccionar las políticas macroeconómicas
(monetaria, fiscal y cambiaria) desde el enfoque actual centrado en la
estabilidad de precios y el balance fiscal, hacia un enfoque centrado en el
crecimiento sostenido de la economía real. Para lograr este objetivo proponemos
reformar la Ley del Banco de México, a fin de ampliar el mandato de
nuestro banco central, que hoy tiene como única tarea macroeconómica el control
de la inflación, para que se ocupe también —como hacen los bancos centrales de
Estados Unidos y Canadá— del crecimiento sostenido del producto nacional y del
empleo; y reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, a fin de ampliar el mandato de la SHCP para que no sólo atienda
el balance fiscal, sino también sea corresponsable del crecimiento sostenido de
la economía real y del empleo. Proponemos también una política de tipo de
cambio real competitivo que contribuya al crecimiento sostenido del producto
nacional y del empleo por dos vías: 1) apuntalando la competitividad-precio de
los productos mexicanos, tanto en los mercados externos, como en el mercado
interno frente a las importaciones, y 2) asegurando el equilibrio sostenible de
las cuentas externas, lo que permitirá poner fin a los ciclos de freno y
arranque originados en choques externos que desfondan nuestra economía debido a
la vulnerabilidad que provoca la insana dependencia del ahorro externo.
Finalmente, para reducir los elevados costos de la acumulación de reservas
internacionales ―y los riesgos que esto implica, derivados del carácter
golondrino de la inversión extranjera en títulos de deuda pública― proponemos
reducir los requerimientos de reserva mediante los mecanismos macroprudenciales
aprobados por el FMI, que incluyen el eventual control de capitales, liberando
así excedentes de divisas que deben ser utilizados para estimular el
crecimiento económico, canalizándolos a inversiones productivas.
3. Desplegar una nueva estrategia de industrialización con cuatro
objetivos básicos: 1) incrementar la articulación interna de la planta
productiva; 2) lograr una balanza comercial manufacturera equilibrada; 3)
inducir una elevada tasa de generación de empleos manufactureros; 4) cerrar la
brecha tecnológica y de estructura industrial entre México y los países
líderes, incluso en las industrias de tecnología avanzada. Para lograr estos
objetivos, los instrumentos fundamentales de política pública son: 1) políticas
macroeconómicas favorables al desarrollo manufacturero, especialmente la
política de tipo de cambio real competitivo antes indicada; 2) políticas
generales de fomento económico (construcción de infraestructura, formación de
recursos humanos, sistema financiero competitivo, etc.); 3) instrumentos
horizontales de fomento manufacturero, es decir aplicables sin distinción de
sectores, como son los incentivos a la innovación y a la transferencia
tecnológica, y los apoyos crediticos con tasas preferenciales para micros,
pequeñas y medianas industrias, entre otros; 4) formulación de una estrategia
sectorizada de desarrollo industrial dirigida prioritariamente a aquellos
sectores que generan mayores beneficios y efectos multiplicadores (desarrollo
tecnológico, encadenamientos productivos con mayor participación de micros,
pequeñas y medianas empresas, economías de redes, etc.); 5) instrumentos
sectoriales de fomento de los sectores prioritarios e innovadores, utilizando
los márgenes de maniobra que tenemos en el TLCAN y la OMC, como son el crédito
preferencial, las compras públicas, el apalancamiento o asociación con capital
de riesgo por la banca de desarrollo, y subsidios especiales. Hay que
recordarlo: los procesos de industrialización exitosos han derivado de
especialidades y ventajas competitivas adquiridas a propósito mediante
resueltas acciones de política industrial.
4. Restablecer nuestra soberanía alimentaria y promover el desarrollo
incluyente del sector agropecuario, forestal y pesquero. Es factible sustituir
la importación de alimentos por producción nacional, aumentando la
productividad y el empleo rural, así como el ingreso de los campesinos y demás
productores, mediante los siguientes instrumentos de fomento:
1) un sistema de precios de garantía o soporte, o bien generalizar el
sistema de ingreso objetivo introducido desde 2002-2003, extendiéndolo a todas
las zonas de producción del país y a todos los productos y cultivos básicos
definidos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable;
2) reestructurar el sistema público de desarrollo de la ciencia y la
tecnología en el ámbito agropecuario, forestal y pesquero, para disminuir
costos unitarios, introducir tecnologías de bajo costo energético y
minimizar los efectos del cambio climático, apoyando su difusión a través de
robustos programas de extensionismo;
3) incrementar sustancialmente la inversión pública en infraestructura
rural (obras hidráulicas, caminos, recuperación de suelos, bodegas, etc.);
4) asegurar una oferta satisfactoria de crédito fresco para las
actividades agropecuarias (con segmentación de tasas, según el tipo de
productor y vinculándolo a programas de asistencia técnica), acompañando el
crédito con seguro agrícola con primas subsidiadas, e introduciendo un sesgo
preferente hacia los fondos de autoaseguramiento y las organizaciones de
productores; 5) desarrollar programas diferenciados para la atención de los
diversos segmentos de productores, dada la macrodiversidad productiva y la
estructura de productores de nuestro país, atendiendo especialmente a las
pequeñas unidades de producción campesinas;
6) un sistema integral de pagos por servicios ambientales, orientado a
mitigar el cambio climático y detener o revertir el deterioro de nuestros
recursos naturales;
7) intervención para la corrección de fallas de mercado, atacando
prácticas anticompetitivas, reduciendo el peso de los monopolios, corrigiendo
también las formas de intervención gubernamental que auspician la creación de
monopolios privados, y promoviendo la reducción de costos de intermediación a
través de la modernización de los arcaicos sistemas de mercado y logística de
los alimentos que aún prevalecen en amplias zonas del país;
8) asegurar una oferta suficiente de semillas mejoradas de polinización
libre y aplicar el principio precautorio respecto a las semillas transgénicas.
5. Proponemos una política energética en los siguientes cursos de
acción:
1) administrar inteligentemente los declinantes recursos petroleros del
país;
2) acelerar la transición hacia las fuentes renovables de energía;
3) establecer una estrategia endógena de investigación y desarrollo
tecnológico en materia energética con visión de largo plazo;
4) concentrar atención y recursos en la racionalización del consumo de
energía;
5) elevar la eficiencia y la seguridad en la cadena de suministro de
petrolíferos y gas natural reduciendo la importación de petrolíferos y
aumentando la integración nacional de la petroquímica;
6) garantizar el acceso de todos a la electricidad y eliminar el riesgo
de escasez y precios altos; 7) revalorar el papel de Pemex y CFE en el
desarrollo;
8) mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en las
actividades, las empresas y los reguladores;
9) democratizar la política
energética y respetar las decisiones de las comunidades;
10) para asegurar la sostenibilidad energética del país, y en virtud de
que la reforma energética recientemente aprobada por el Congreso fue rechazada
por más del sesenta por ciento de la ciudadanía según diversas encuestas,
proponemos derogar dicha reforma devolviendo al Estado la plena soberanía en
materia energética. Mientras tanto, una de nuestras mayores preocupaciones
―aducida por la ciudadanía como una de las razones de su rechazo a la reforma
energética― ha sido también compartida por el colega Paul Krugman quien durante
su reciente estancia en México (27/03/2015) advirtió que en procesos de
privatización del sector energético ha habido casos, incluso en Estados Unidos
e Israel en los que las concesiones o licitaciones “han resultado ser un
regalo”. Por eso proponemos una urgente batería de medidas en materia de
transparencia y rendición de cuentas en el sector energético, comenzando por
garantizar la difusión y la consulta pública de autorizaciones, contratos, asignaciones,
permisos, alianzas, sociedades, asociaciones, coinversiones que el Estado
conceda o suscriba con particulares, empresas productivas del Estado,
subsidiarias y filiales, así como de todos aquellos que éstas celebren.
6. Proponemos una política de Estado en materia de ciencia, tecnología,
innovación y competitividad a través de los siguientes cursos de acción:
1) incrementar significativamente la cantidad y la calidad del gasto
público en ciencia y tecnología;
2) descentralizar el sistema científico y tecnológico bajo una clara
estrategia de regionalización y articulación con la estrategia de
industrialización antes definida;
3) invertir en la formación de recursos humanos que impulsen la
generación y transferencia de conocimientos así como la innovación en las
esferas productiva, gubernamental, científica y de desarrollo tecnológico;
4) fomentar los vínculos de las empresas privadas y del sector social
con los centros de investigación públicos y con las instituciones educativas;
5) desarrollar programas de fomento a la innovación atendiendo
especialmente las redes locales de pymes innovadoras;
6) pasar a una visión integral de la competitividad sistémica de la
economía nacional, que atienda el conjunto de sus determinantes, incluyendo la
calidad de las instituciones, la infraestructura, el ambiente macroeconómico,
la salud de la población, la educación superior y la capacitación de los
trabajadores, el desarrollo del sistema financiero, etcétera, a fin de que el
Estado asuma y cumpla eficazmente sus responsabilidades en el desarrollo de la
competitividad nacional. La atención de estas áreas es uno de los factores
explicativos del éxito económico de las naciones; constituye un componente
fundamental de una estrategia consistente para elevar la eficiencia y generar
empleos cada vez mejor remunerados; y es, por ello, factor relevante para que
México logre ir cerrando las brechas ―de productividad, ingreso y calidad
de vida― que nos separan de los países industrializados o de altos ingresos.
II
QUÉ HACER PARA LOGRAR EL PLENO
EJERCICIO
DE LOS DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Para reconstruir la cohesión social de nuestra nación y avanzar hacia
niveles superiores de desarrollo, dos esfuerzos ―magnos pero económicamente
viables― son indispensables:
1) lograr la plena inclusión de todos los mexicanos en las tareas y los
beneficios del desarrollo; 2) que el Estado mexicano cumpla cabalmente su
mandato constitucional de garantizar el pleno ejercicio de los derechos
económicos, sociales y culturales reconocidos en nuestra Constitución y en los
tratados internacionales de los que México es parte. Para ello proponemos:
1. Instrumentar políticas de empleo digno, distribución del ingreso y
superación de la pobreza. Puesto que la insuficiente generación de empleos
formales está asociada a la baja tasa media de crecimiento del PIB (que fue de
2.3% anual durante el periodo 1983-2014), la cual ha sido causado por la
estrategia económica aplicada desde 1983 hasta el presente, proponemos pasar a
una nueva estrategia de desarrollo ―cuyos instrumentos fundamentales resumimos
en este documento― que asegure un crecimiento del PIB similar al observado
durante el periodo 1935-1982, que fue de 6.1% anual.
Proponemos también una política salarial que tenga dos objetivos: 1)
elevar paulatinamente el poder adquisitivo de los trabajadores; y 2) mejorar la
distribución del ingreso entre los factores de la producción. Para lograrlo, la
tasa de incremento anual de los salarios mínimos debe superar la suma de las
tasas de inflación y de incremento de la productividad observadas en el año
previo. Una política salarial así fue aplicada en México durante la época del
desarrollo estabilizador: no provocó inflación (su tasa media fue de 2.5% anual
en el periodo 1959-1970), y sí permitió una incremento del PIB a una tasa media
del 6.7% anual, debido al robusto crecimiento del mercado interno.
Hacer realidad el Estado democrático de derecho en el mundo laboral, a
través de los siguientes cursos de acción:
1) crear un instituto autónomo para el establecimiento del salario
mínimo;
2) crear un instituto autónomo para el registro de sindicatos y
contratos colectivos de trabajo, como garante de la libertad y democracia
sindical y de la auténtica contratación colectiva;
3) suprimir las Juntas de Conciliación y Arbitraje y crear en su lugar
Jueces de lo Laboral;
4) derogar la reforma laboral aprobada por el Congreso en 2012 y
realizar una reforma laboral acorde con la normatividad de la Organización
Internacional del Trabajo.
Proponemos también ampliar el programa Prospera en las zonas urbanas,
donde está creciendo la pobreza, eliminando las condicionalidades que suponen
la inversión de tiempo de las mujeres, y aplicar Prospera en las comunidades
rurales sin escuela y/o sin clínica que en una alta proporción son indígenas y
hoy están desatendidas. En el mediano plazo se propone la desaparición de
Prospera y su sustitución por la institución gradual de un ingreso
ciudadano garantizado,cuya viabilidad económica se evidencia en el hecho de
que otros países con un PIB per cápita menor del que actualmente tiene México,
instituyeron, en su momento, modelos muy avanzados de Estado de bienestar.
2. Construir un Estado de bienestar moderno que asegure el pleno
ejercicio de los derechos sociales mediante los siguientes cursos de acción:
1) instituir un sistema único de salud, público y gratuito que garantice
el derecho a los servicios de salud para todos, a partir de un modelo normativo
que asegure igualdad de acceso a un conjunto creciente de servicios, ofrecidos
con la misma calidad para todos;
2) garantizar una pensión universal para los adultos mayores de 65 años
que carezcan de seguridad social, que forme parte de un sistema de pensiones
públicas, financiado públicamente y no contributivo, que fije montos
suficientes para asegurar una vida digna a quienes las reciban, complementado
de un plan contributivo para quienes trabajan en el sector formal, de
administración pública y con una pensión digna;
3) desarrollar un sistema de seguro del desempleo, universal no
contributivo, articulado con políticas de capacitación y calificación laboral,
así como de políticas de activación laboral;
4) instituir gradualmente un ingreso ciudadano universal mínimo
garantizado, para reemplazar el programa Prospera, y concebir este nuevo
derecho como un seguro contra la pobreza extrema y como un mecanismo
anticíclico en situaciones de crisis y vulnerabilidad;
5) establecer un sistema universal de vigilancia y promoción nutricional
para detectar y prevenir de manera oportuna riesgos y daños derivados de la
desnutrición y de la obesidad infantil;
6) establecer una política de vivienda para hacer frente a la exclusión
de los programas de vivienda de la mitad de la población, que busque el pleno
ejercicio del derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna;
7) promover y garantizar la equidad de género en el trabajo, la
escuela, la familia y en todos los ámbitos públicos y privados;
8) garantizar el pleno ejercicio de una ciudadanía étnica que asegure el
derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación.
Para el cumplimiento cabal de estos derechos, proponemos instituir una
procuraduría de derechos sociales, y realizar las reformas legales pertinentes
para hacer exigibles los derechos sociales, estipulando los sujetos obligados a
otorgar los respectivos bienes públicos, su financiamiento multianual y las
penas a los funcionarios que incumplan.
3. Instrumentar una auténtica reforma educativa que resuelva de raíz las
desigualdades de acceso, permanencia y resultados de aprendizaje y al mismo
tiempo incremente sustancialmente la calidad académica desde el preescolar
hasta el posgrado. Es indispensable reconocer el papel central de la educación
en el desarrollo de las capacidades necesarias para la construcción de una
sociedad más justa y cohesionada. Para ello proponemos:
1) elevar la cantidad, pero sobre todo la calidad, del gasto público en
educación y distribuirlo con criterios de equidad con el fin de atender
proporcionalmente las necesidades de los grupos vulnerables;
2) revertir los rezagos de cobertura en educación básica, media superior
y superior,
3) desarrollar modelos educativos con relevancia social y pertinencia
cultural,
4) impulsar la introducción de innovaciones pedagógicas, precedida de
procesos cuidadosos de desarrollo experimental;
5) impulsar como prioridad programas y estrategias efectivas de
formación y actualización del magisterio y un sistema de incentivos para el
desarrollo de la carrera académica.
4. Una política integral de atención a la problemática de los jóvenes
que los reconozca cabalmente como sujetos de derechos, y asuma que los jóvenes
no son sólo un recurso para el desarrollo, sino que el desarrollo económico,
social, cultural e institucional es un recurso para el desarrollo de los jóvenes,
para que cada uno de ellos encuentre caminos abiertos para realizar de manera
independiente su propio proyecto de vida. Para ello proponemos:
1) asegurar una oferta suficiente de empleos dignos para aquellos que
desean insertarse en el mercado laboral, mediante un robusto crecimiento
económico y el cumplimiento cabal de la función de inspección laboral por la
autoridad correspondiente, además de programas especiales de empleo para
jóvenes sobre todo en actividades de impacto comunitario, así como para promover
que los jóvenes egresados de educación superior y de posgrado consigan empleos en
las respectivas áreas para la que fueron formados;
2) superar la insuficiente oferta de oportunidades para que los jóvenes
ingresen a la educación media superior en instituciones de calidad que permitan
continuar con estudios profesionales; 3) elevar aceleradamente la cobertura de
educación superior y asegurar que los procesos de admisión para educación media
superior y superior realmente garanticen igualdad de oportunidades para los
grupos más vulnerables;
4) reconociendo los diferentes perfiles, culturas y necesidades de los
jóvenes, conformar programas y proyectos sociales, culturales, artísticos,
deportivos y civilizatorios diseñados, ejecutados y supervisados por jóvenes,
abrir espacios a los jóvenes en el campo político y conjugar políticas públicas
para construir ciudadanía entre los jóvenes.
5. Puesto que durante el periodo 1983-2014 más de doce millones de
mexicanos emigraron al extranjero en busca de empleos que no encontraron en
nuestro país, y haciéndonos cargo de que en Estados Unidos residen más de
treinta millones de personas de origen mexicano, proponemos nuevas políticas
públicas sobre migrantes. En lugar del enfoque policiaco de seguridad nacional
que hoy prevalece, debemos adoptar un enfoque de seguridad humana establecido
en las convenciones internacionales, que permita exigir el respeto irrestricto
de los derechos humanos de todos los migrantes mexicanos en Estados Unidos y en
otros países, y nos obligue a garantizar los derechos humanos de todos los
extranjeros que radiquen en México o transiten por el territorio nacional. Con
un criterio de colaboración permanente, debemos desarrollar una estrategia para
estrechar los vínculos sociales, económicos, culturales y políticos con la
comunidad hispano-mexicana de E.U; promover el fortalecimiento de las
organizaciones comunitarias vinculadas con organizaciones de migrantes; y
fomentar las alianzas en planes, programas y proyectos de desarrollo regional con
enfoque transnacional.
III
CÓMO ASEGURAR LA SUSTENTABILIDAD DEL
DESARROLLO
Y LOGRAR UN MEJOR DESARROLLO REGIONAL Y
URBANO
Sociedad, territorio y ambiente conforman una gran unidad que requiere
políticas integrales. Por ello es necesario asumir el imperativo nacional de un
desarrollo territorial incluyente y sustentable, para lo cual proponemos:
1. Asegurar la sustentabilidad del desarrollo mediante los
siguientes cursos de acción:
1) adoptar operativamente el enfoque de integración de políticas para
que las decisiones económicas y sociales se adopten tomando en cuenta los
costos del deterioro y el agotamiento de los recursos y servicios ambientales,
de tal modo que las políticas de crecimiento económico asuman y reduzcan los
costos ambientales;
2) acelerar nuestra transición energética para aumentar el uso de
energías procedentes de fuentes no fósiles, sobre todo las eólicas y solares, a
fin de contribuir a mitigar el cambio climático;
3) adaptarnos al ya inevitable cambio climático mediante políticas de
prevención y respuesta que reduzcan la vulnerabilidad social y económica,
reorientando la protección civil hacia estrategias integrales de atención de
riesgos;
4) en la política de agua, la prioridad debe ser satisfacer el derecho
humano al acceso suficiente y equitativo, a disponer de agua realmente potable,
con garantías para dicho acceso y formas claras de exigir este derecho, además
de atender los principios ambientales de protección de las fuentes hídricas,
suelos y servicios ambientales en las cuencas;
5) apoyar mejor el esfuerzo de las ciudades, las zonas metropolitanas y
los municipios en general para enfrentar la gestión local de los residuos, la
reducción de la contaminación atmosférica, el ordenamiento del territorio, el
ruido excesivo, el daño a los paisajes y las demás tareas que están bajo
responsabilidad de los gobiernos locales, para lo cual se requiere una mejor
concurrencia intergubernamental de la gestión ambiental;
6) contar con una estrategia nacional para ordenar la producción y el
uso de los productos y sustancias riesgosas, y el mejor manejo de los residuos
peligrosos y de los domésticos.
2. Una nueva estrategia de desarrollo territorial sustentable centrada
en los siguientes cursos de acción:
1) planeación del desarrollo territorial con horizonte de largo plazo
donde se insertan los planes sexenales;
2) priorizar el desarrollo desde las regiones y no solo desde los
sectores que conforman el gobierno, de manera que se endogenice el diseño y la
gestión de las políticas de desarrollo a fin de que en cada región se
seleccionen e impulsen actividades que aprovechen y potencien las capacidades
productivas, sociales, tecnológicas y medioambientales disponibles y posibles;
3) asegurar la defensa de los recursos naturales, por encima de los
negocios privados (mineros, energéticos, inmobiliarios, turísticos, etc.);
4) orientar las políticas y los recursos públicos hacia la reducción
efectiva de la desigualdad y la pobreza, promoviendo un desarrollo regional
incluyente y equitativo que garantice el bienestar de la sociedad en el
territorio.
3. Una nueva estrategia nacional de desarrollo urbano-metropolitano y de
ordenamiento territorial en la que el Estado recupere su papel rector a través
de los siguientes cursos de acción:
1) priorizar en las políticas públicas, el reordenamiento y
consolidación-compactación de las ciudades, ocupando los vacíos urbanos y
evitando el crecimiento expansivo y disperso;
2) establecer un nuevo estatuto legal para la planificación integral del
desarrollo territorial sustentable de largo plazo y con la participación de los
actores sociales, garantizando la coordinación entre los tres ámbitos de
gobierno;
3) otorgar en la ley un estatuto para las metrópolis como parte del
desarrollo urbano que garantice la coordinación interestatal e intermunicipal
obligatoria para el diseño y ejecución de los correspondientes planes de
desarrollo de las metrópolis;
4) aplicar el derecho a la vivienda adecuada, evitando conjuntos
habitacionales alejados, dispersos, desestructurados de las ciudades y carentes
de la oferta de empleo, de servicios y de equipamientos sociales;
5) definir en la ley y en las políticas públicas la prioridad en la accesibilidad
y en la movilidad sustentable en las metrópolis y ciudades, concentrando los
recursos y los proyectos en el transporte público de calidad e integrado y en
la movilidad no motorizada;
6) reestructurar la fiscalidad urbana y hacer de la recuperación de las
plusvalías inmobiliarias la fuente más importante para construir y mantener las
infraestructuras y los espacios públicos en las ciudades.
IV
CÓMO FINANCIAR EL DESARROLLO ECONÓMICO
INCLUYENTE, EQUITATIVO Y
SUSTENTABLE.
1. Transitar a un sistema tributario moderno, capaz de proveer al Estado
―en sus tres ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal― recursos
suficientes para el cumplimiento cabal de sus responsabilidades en el
desarrollo económico y social, sin aumentar la carga fiscal de la población de
bajos ingresos ni la pagada por la clase media y por las mipymes, a través de
los siguientes cursos de acción: Primero: ampliar la base de
contribuyentes y de ingresos sujetos a tributación:
1) gravar con una tasa normal de ISR los dividendos recibidos por los
accionistas de las empresas;
2) gravar las ganancias bursátiles obtenidas por
personas físicas con una tasa normal de ISR;
3) gravar las herencias mayores de diez millones de pesos con elevadas
progresividades;
4) gravar las grandes ganancias de capital de las
personas físicas;
5) gravar al capital especulativo extranjero;
6) gravar las transferencias de capitales mexicanos al exterior;
7) incorporación de la grande y mediana economía informal al
régimen tributario. Segundo: mejorar considerablemente la
fiscalización y combatir resueltamente la
evasión fiscal; Tercero: simplificación
y racionalización de la legislación tributaria, eliminando regímenes especiales
que generan múltiples canales de elusión tributaria. Cuarto: acentuar
significativamente la progresividad del impuesto sobre la renta aumentando el
número de rangos en los ingresos mayores de dos millones de pesos, preferentemente
mediante la introducción de ISR locales, análogos a los impuestos
estatales o provinciales sobre el ingreso vigentes entre los otros dos
socios del TLCAN. Quinto: introducir una mayor
diferenciación en las tasas de IVA, aumentando las tasas a los bienes
y servicios suntuarios; Sexto. Otorgar mayores facultades
tributarias a los estados y municipios e incrementar la eficiencia recaudatoria
en los actuales impuestos subnacionales.
Desde luego, la anterior reforma tributaria que permitiría incrementar
la recaudación en diez puntos porcentuales del PIB, debe ser parte de la
reforma integral de la administración pública que incluye eficaces sistemas de
transparencia, rendición de cuentas y auditoria social, no solo para asegurar
la probidad en el ejercicio del gasto público, sino también su eficiencia y
concordancia con el interés general de la nación.
2. Construir un sistema financiero moderno que cumpla cabalmente sus
funciones en el desarrollo, a través de los siguientes cursos de acción:
1) que el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y Valores
asuman plenamente sus responsabilidades, utilizando las facultades que les ha
conferido la legislación para regular las tasas de interés y las comisiones y,
en general, asegurar el buen financiamiento del sistema financiero;
2) promover el ahorro y el crédito, asegurando que en el sistema
bancario haya instrumentos financieros de ahorro protegidos que rindan tasas
reales positivas y orientar el crédito a sectores prioritarios mediante tasas
competitivas;
3) obligar a los bancos extranjeros a que coticen en la BMV para
transparentar sus operaciones, además de limitar y gravar el pago de dividendos
que realizan a sus accionistas;
4) reestructurar la banca de desarrollo para que retome sus funciones de
promoción del desarrollo económico y social, para lo cual debe operar
directamente en primer piso, tanto para la captación de ahorro como para el
otorgamiento de crédito, poniendo fin al enfoque de subordinación de la banca
de desarrollo a la banca privada;
5) crear un gran banco público que opere en amplia escala comercial y
actúe como banco testigo en competencia con los grandes bancos privados;
6) para el financiamiento a través de la BMV, es necesario facilitar el
acceso a pequeñas y medianas empresas consolidadas, mediante una política
industrial activa;
7) realizar una eficaz regulación de las instituciones microfinancieras
que garantice su solidez financiera, proteja el patrimonio de los ahorradores y
les otorgue tasas reales positivas, promueva el crédito a los micronegocios
regulando las tasas de interés, y apoye las labores de acompañamiento y los
servicios no financieros que brindan las microfinancieras;
8) aprovechar los fondos de ahorro para el retiro para apoyar más a la
actividad productiva, principalmente mediante asociación con la banca de
desarrollo, mejorando así los rendimientos de los fondos y el crédito a la inversión
productiva.
Puesto que los flujos de inversión extranjera de cartera (IEC) no están
relacionados con el crecimiento económico; y sí representan un alto riesgo por
eventuales salidas masivas de capitales especulativos, proponemos someter la
IEC a regulaciones prudenciales, que incluyan impuestos sobre flujos.
Finalmente, puesto que la inversión extranjera directa (IED) ingresada a
México durante las tres últimas décadas se ha orientado básicamente a la compra
de activos nacionales ya existentes, proponemos una política de IED similar a
la aplicada por las economías emergentes más exitosas del planeta,
condicionando el ingreso de IED a la transferencia de tecnología, a la
capacitación de trabajadores nacionales y a la formación de cadenas de proveeduría
internas, como parte de la estrategia nacional de industrialización.
V
CÓMO LOGRAR UNA INSERCIÓN EFICIENTE Y
DIGNA DE MÉXICO
EN LOS PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN Y
REGIONALIZACIÓN
1. México debe cambiar sustancialmente su actitud frente a los procesos
de globalización, en virtud de que éstos no generan espontáneamente —es decir,
por la simple acción de la “mano invisible del mercado”— un proceso de
convergencia económica, sino un ensanchamiento de las desigualdades entre
países pobres y ricos y entre estratos sociales perdedores y ganadores dentro
de cada país. En vez de un estilo pasivo de inserción en la
globalización, a través de la liberalización económica a ultranza y de
la reducción de las funciones del Estado en la promoción activa del desarrollo,
México debe redefinir internamente, mediante políticas económicas y sociales
activas, su propio estilo de desarrollo económico e inserción eficiente y digna
en la economía mundial.
Además, como promotor resuelto de una globalización incluyente y
equitativa, México debe impulsar la reforma de las instituciones de manejo de
la economía mundial (FMI, Banco Mundial, OMC, etc.). No sólo se requiere
continuar la tarea de rediseñar la arquitectura del sistema financiero
internacional; también es necesario reformar y desarrollar otros arreglos
institucionales en materia de comercio, migración internacional y derechos de
los migrantes, propiedad intelectual y difusión de tecnologías, seguridad
alimentaria, sustentabilidad y desarrollo ambiental, etcétera, a fin de arribar
a una gestión global de carácter democrático, que atienda el crecimiento
económico general y el reparto equitativo de sus beneficios.
Desde luego, dada la dimensión y complejidad de estas reformas en la
gobernanza de la economía global, su cristalización plena no se vislumbra
cercana. Por eso, la clave del éxito consiste en poner el mayor énfasis en un
camino propio hacia la prosperidad, como los que han configurado a fuerza de
audacia e iniciativa histórica los paradigmáticos países emergentes y de nueva
industrialización, que han diseñado endógenamente e instrumentado soberanamente
sus estrategias de desarrollo.
2. México debe redefinir su geoestrategia de inserción en los procesos
de regionalización. Después de la adhesión de México al GATT (hoy OMC), el
gobierno mexicano emprendió una carrera negociadora de tratados de libre
comercio, comenzando por el TLCAN, hasta colocar a México en 2008 como país líder
del mundo en tratados de libre comercio. Pero esto no trajo consigo mayor
desarrollo económico, sino lo contrario: en 1990 México ocupaba el lugar 45
entre 189 países del mundo según su PIB per cápita medido a paridad de poder
adquisitivo; en 2013 descendió al lugar 66 entre esos mismos 189 países. La
razón es sencilla: ninguna evidencia internacional indica que el libre comercio
pueda conducir a un país subdesarrollado (o de desarrollo medio) hacia mayores
niveles de desarrollo económico.
En el TLCAN, las fuertes desigualdades iniciales en PIB per cápita entre
México, Estados Unidos y Canadá, lejos de reducirse se han agrandado; y sus
principales beneficiarios han sido las grandes corporaciones de los tres
países, mientras que nuestros pueblos han resultado ser perdedores netos. Por
eso proponemos una enmienda del TLCAN con tres componentes:
1) mejorar los acuerdos laborales y ambientales garantizando el
cumplimiento de los derechos humanos en estas materias;
2) un acuerdo migratorio que desemboque en el libre flujo de mano de
obra;
3) la institución de fondos estructurales y de cohesión social que
aseguren el desarrollo incluyente y convergente de nuestros países y regiones
subnacionales. (Cabe aclarar, sin embargo, que esta renegociación del TLCAN no
es precondición para que nuestro país aplique una nueva estrategia de
desarrollo, que puede instrumentarse utilizando los márgenes de maniobra
disponibles en el TLCAN).
Los demás tratados de libre comercio firmados por México, incluido el
Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México (TLCUEM), han arrojado
resultados igualmente decepcionantes para México en términos de crecimiento
económico y bienestar para las mayorías nacionales.
Por eso, hay que poner fin a la carrera por firmar tratados de libre
comercio. Para empezar, México no debe firmar el Acuerdo Transpacífico de
Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), que es promovido
principalmente por Estados Unidos y resultaría para México peor que el TLCAN.
Precisamente por eso China, India y muchos otros países no participan en el
TPP.
Una nueva geoestrategia de inserción en los procesos de regionalización
realmente congruente con nuestros intereses nacionales debe orientarse a:
1) potenciar el desarrollo endógeno del país mediante una nueva estrategia
de desarrollo;
2) promover el respeto a la soberanía de las naciones, rechazando las
condicionalidades;
3) apoyar la multipolaridad en la economía global; 4) participar en
procesos de integración basados en la cooperación y la solidaridad. En esta
perspectiva, una política de mayor comercio y cooperación para el desarrollo
con Asia es algo congruente con el nuevo multipolarismo encabezado por China, y
muy recomendable por el gran dinamismo económico y financiero de esa región.
Además, hay que voltear hacia nuestra América Latina y ―a la luz de los nuevos
esquemas de cooperación económica y financiera que están desarrollándose en la
UNASUR y la ALBA-TCP― valorar la viabilidad de una integración regional basada
en la cooperación y la solidaridad, que podría convertirse en vía ancha para
que nuestra Patria Grande cruce unida los umbrales del desarrollo.
VI
CÓMO RESTABLECER LA SEGURIDAD PÚBLICA
Y MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y LA
RENDICIÓN DE CUENTAS
1. Proponemos una política de Estado democrática en seguridad pública
que tenga los siguientes cursos de acción:
1) golpes sistemáticos al nervio financiero y patrimonial del crimen
organizado; coordinación eficaz de los órganos de inteligencia financiera para
desmantelar empresas criminales y firmas legales ligadas a ellas;
2) generación masiva de empleos permanentes y bien remunerados, sobre
todo para los jóvenes y combate estructural a la enorme pobreza y desigualdad;
3) en lugar de mayor gasto en seguridad pública hay que gastar más y
mejor en educación, investigación, prevención de consumo de drogas y
tratamiento de adictos;
4) programas de fortalecimiento de la cohesión social, apoyo a la
“economía del cuidado” en las familias, participación ciudadana y social libre,
informada y crítica en la seguridad pública, regulando y apoyando a las
policías de barrio y comunitarias;
5) investigación y castigo a todo acto de corrupción para terminar con
el alto porcentaje de impunidad de funcionarios y cuerpos del orden coludidos
con el crimen organizado, así como para evitar la penetración de dinero del
crimen en las campañas electorales;
6) regreso del Ejército a los cuarteles, revertir modificaciones legales
que propician un Estado policíaco, focalizar acciones represivas en las
organizaciones criminales violentas;
7) fomentar entre los campesinos programas de desarrollo alternativos al
cultivo de enervantes, y ensayar modelos regulatorios para la despenalización
de cada droga, como ocurre en varias entidades de Estados Unidos con la
mariguana;
8) fomentar la participación de la sociedad civil en acciones de
seguridad pública y en programas de contraloría social de las instituciones de
administración de la justicia.
Nuestra propuesta de seguridad pública se inserta en el concepto de
seguridad humana ―hacia el cual confluyen todas las propuestas contenidas en
este documento―, entendida como la ausencia de amenazas y miedos que se logra
mediante el pleno ejercicio de los derechos humanos (civiles, políticos, económicos,
sociales, culturales y ambientales) que otorgan certeza a la opción de vivir
con dignidad, justicia y libertad.
2. En materia de rendición de cuentas, trasparencia y acceso a la
información proponemos acelerar los procesos de institucionalización y
aplicación de los avances legislativos que ha habido en estos temas. Para ello
hacemos nuestras las demandas resumidas por treinta organizaciones de la
sociedad civil (Alianza Cívica, Centro Prodh y Fundar, entre otras) en el
documento “La Sociedad Responde”:
1) aprobar los marcos normativos pendientes en materia de transparencia,
archivos y datos personales y asegurar suficiencia presupuestaria para su
implementación;
2) realizar una investigación independiente, del conflicto de interés
del Presidente de la República y del Secretario de Hacienda y Crédito Público;
3) cumplir con el proceso de homologación contable en las entidades
federativas;
4) difundir versiones públicas de declaraciones patrimoniales, de
interés y de impuestos;
5) cumplir con los compromisos pendientes asumidos por el gobierno
federal en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA);
6) transparentar y regular los gastos en publicidad oficial de los tres
ámbitos de gobierno para impedir la censura sutil o indirecta. Además, respecto
al Sistema Nacional Anticorrupción recién aprobado por el Congreso proponemos
que la siguiente legislatura introduzca estas correcciones:
1) es preciso poner fin a la anacrónica figura del fuero político para
los servidores públicos electos que se ha convertido en la garantía de
impunidad utilizada por la clase política de nuestro país: mientras el fuero se
mantenga no se podrá romper el círculo vicioso de corrupción e impunidad;
2) establecer la obligatoriedad de hacer públicas las declaraciones
patrimonial y de intereses de los funcionarios públicos electos y designados.
VII
HACER REALIDAD EL ESTADO DE
DERECHO
Y CONSTRUIR LA DEMOCRACIA
EN MÉXICO
1. Hacer realidad el estado de derecho. México es parte de los pactos
internacionales sobre los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales; es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y ha
suscrito y ratificado todas las convenciones que se han construido sobre estas
materias en el ámbito de las Naciones Unidas. Pero, sobre todo, México es uno
de los países que ha incorporado a su derecho interno ―en nuestra Constitución―
los más importantes compromisos a favor de los derechos fundamentales.
Sin embargo, el México real dista enormemente de calificar como estado
de derecho. No obstante que ha ganado autonomía, el Poder Judicial de la
Federación no ha mejorado sus métodos para la impartición de justicia y los
ejecutivos federal, estatales y municipales no cumplen eficazmente sus
responsabilidades en materia de persecución del delito, todo lo cual da por
resultado un estado generalizado de impunidad, que frecuentemente tiene como
origen la corrupción que ha penetrado en los tres poderes de la unión y en los
tres niveles de gobierno.
¡¡Sí se puede escapar del trinomio perverso de indolencia, corrupción e
impunidad!! Profundas crisis nacionales como la que hoy padece México han
obligado a muchos países a realizar grandes reformas que los han transformado
en ejemplares naciones democráticas con robustos estados de derecho.
Ningún país vino al mundo libre de corrupción y con instituciones
públicas eficientes y democráticas. Todavía en el siglo XVIII todas las
naciones-estado de Europa eran gobernadas por funcionarios ineficientes y
corruptos que hacían fortunas al amparo del poder público (mediante el cohecho,
los contratos con “moche” y el robo del erario público). Pero en el curso del
siglo XIX lograron establecer instituciones públicas eficientes, funcionales y
democráticas. Lo mismo han hecho los países de nueva industrialización, que
transitaron de sistemas políticos corruptos y basados en el clientelismo, a
sistemas políticos eficientes y democráticos. Por eso proponemos:
2. Construir la democracia en México, cuyas instituciones y prácticas
fundamentales son: en primer lugar, la realización de elecciones verdaderamente
libres, equitativas y transparentes —como institución nodal de la democracia
representativa— que permite el arbitraje directo de los electores sobre la
eficacia de los programas de gobierno y la eficiencia de los servidores
públicos; en segundo lugar, establecer un verdadero servicio civil de carrera,
cuyos rasgos fundamentales son: un sistema transparente de acceso a los cargos
públicos basado en la calificación profesional (mediante concursos abiertos) y
no en el favoritismo, un régimen de ascensos dentro de la estructura jerárquica
basado también en los méritos, y una remuneración suficiente (pero no excesiva)
correspondiente a la calificación profesional; en tercer lugar, la experiencia
internacional indica que la eficiencia del Estado resulta mayor cuanto más
efectivo es el sistema de pesos y contrapesos, cuyo componente primordial
estriba en la auténtica separación de los poderes (legislativo, judicial y
ejecutivo); en cuarto lugar, un sistema efectivo de rendición de cuentas,
transparencia y auditoria social en todos los ámbitos de gobierno es crucial
para asegurar la probidad de los funcionarios y la erradicación de la
corrupción y la impunidad; en quinto lugar, la existencia de medios masivos de comunicación
independientes, plurales y en auténtico régimen de libre competencia ―versus
las estructuras mediáticas duopólicas u oligopólicas― contribuye de manera
relevante a la vigilancia de los poderes del Estado; en sexto lugar, la gestión
autónoma y democrática de los asuntos locales —por los gobiernos estatales y
municipales— eleva la eficiencia general del sistema; en séptimo lugar, las
instituciones funcionan mejor cuanto más amplios son los cauces de expresión y
participación directa de la ciudadanía en las decisiones públicas (referéndums,
iniciativas ciudadanas, etc). Tratándose de programas específicos o
comunitarios, se consigue mayor eficiencia mediante la participación directa de
los beneficiarios en su definición, ejecución y supervisión (consejos gestores,
presupuestos participativos, etc).
VIII
¡¡ SI SE PUEDE!!
CAMINOS AL DESARROLLO Y AL ESTADO DE
BIENESTAR
1. Subir por la escalera. Todos los países hoy desarrollados ―comenzando
por Inglaterra, y posteriormente Estados Unidos, Alemania, Japón, etcétera―
basaron sus estrategias de industrialización en la protección de sus mercados
internos y en robustas políticas industriales y de innovación. Pero después de
que cada uno de ellos alcanzó la cumbre de la industrialización, predicó el
fundamentalismo de mercado (la fe ciega en el libre comercio y en la mano
invisible del mercado para asignar eficientemente los recursos), intentando así
“retirar la escalera por la cual había trepado para impedir a otros trepar tras
él” (F. List, economista alemán). No obstante, los países que se han
industrializado después (Corea del Sur, Taiwán, etcétera) no hicieron caso a
las prédicas del fundamentalismo de mercado y subieron por la misma escalera
del comercio administrado y de las políticas industriales y de innovación. Más
recientemente, las exitosas economías emergentes (China, India, etc.) tampoco
han asumido la ideología de la infalible mano invisible del mercado, sino que
han aplicado políticas comerciales, industriales y de innovación orientadas a
la generación de capacidades competitivas, utilizando la misma escalera que
conduce al desarrollo. La opción de México es obvia.
2. Romper nuestra trampa de inequidad. La existencia de un sistema
incapaz de reducir la pobreza y la desigualdad se perpetúa por la desigualdad
de representación política que conduce al establecimiento de instituciones que
favorecen sistemáticamente a quienes más tienen. Sin embargo, la historia
universal muestra que es factible romper estos círculos viciosos de desigualdad
mediante la construcción de amplias coaliciones de fuerzas sociales y
políticas. Por ejemplo, hasta comienzos del siglo XX los países europeos hoy
desarrollados tenían elevados niveles de desigualdad, pero en el transcurso de
dos décadas lograron reducir drásticamente la desigualdad mediante el
establecimiento de generosos estados de bienestar basados en impuestos
progresivos sobre el ingreso, que fueron promovidos por una oleada de alianzas
de fuerzas políticas y sociales comprometidas con el desarrollo incluyente y la
democracia de calidad. Todavía en 1960, cuando estos países habían ya
consolidado sus estados de bienestar, su PIB per cápita medido en dólares
constantes de 1990 corregidos a paridad de poder adquisitivo (PPA) era similar
al que México tiene ahora (el de Finlandia era de 6,230 dólares PPA de 1990; el
de Francia, de 7,398; el de Alemania, de 7,705; el del Reino Unido, de 8,645;
mientras que el PIB per cápita de México en 2008 fue de 7,979 dólares PPA de
1990), pero al romper sus trampas de inequidad esos países abrieron los cauces
de un desarrollo económico más acelerado mediante un mercado interno muy
dinámico, una población con mayor escolaridad, más saludable y socialmente
cohesionada. Lo mismo han hecho los demás países hoy desarrollados, incluidos
los de nueva industrialización, como Corea del Sur que logró romper su trampa
de inequidad a través de una singular coalición de fuerzas políticas y sociales
pro-bienestar que se montó en la ola de la democratización.
3. Transitar a una estrategia posneoliberal de desarrollo. En nuestra
propia América Latina está comprobado que sí se puede. Por ejemplo, cuando
Néstor Kirchner llegó a la presidencia de Argentina impulsado por una amplia
coalición de fuerzas políticas y sociales, encontró a su país hundido en una
profunda crisis: el PIB había caído 16.5% en 2002, la deuda externa
representaba el 152.7% del PIB; la pobreza había saltado del 23.7% en 1999 al
45.4% en 2002; etcétera. Pero Argentina se levantó como por arte de magia
mediante dos decisiones soberanas impulsadas por la coalición encabezada por
Kirchner: 1) salvar al país primero y después servir la deuda externa, previa
renegociación; 2) pasar a una estrategia económica posneoliberal, que incluyó
un amplio programa de obras públicas, una política de tipo de cambio real
competitivo, la conversión del mercado interno en motor del desarrollo vía
aumento del empleo genuino y del salario real, un significativo incremento del
gasto social, y un presupuesto estructuralmente equilibrado mediante el aumento
de la recaudación “allí donde hay real capacidad contributiva”. Con esta
estrategia el PIB argentino, medido en dólares constantes corregidos a paridad
de poder adquisitivo (PPA), creció a tasa media de 5.7% anual durante el
periodo 2003-2014, y el PIB per cápita creció a una tasa de 4.5% anual, con un
crecimiento acumulado per cápita de 68.9% en dicho lapso; los salarios mínimos
reales (medidos en dólares constantes PPA, de acuerdo con cifras de la OIT),
aumentaron 237.6% durante el periodo 2003-2013, y los salarios medios reales
subieron 104%; la pobreza (según cifras de CEPAL) disminuyó del 45.4% de la
población en 2002, al 4.7% en 2013, y la indigencia se redujo del 20.9% en 2002
al 1.4%. Fue el premio a la soberanía económica, a la audacia y la iniciativa
histórica.
Poco después de
iniciada la experiencia argentina, una amplia coalición de fuerzas políticas y
sociales llevó a la presidencia de Uruguay a Tabaré Vázquez en 2005, quien fue
sucedido en 2010 por José Mujica y éste nuevamente por Tabaré en 2015. En sus
primeros diez años de gobierno posneoliberal, el PIB de Uruguay creció
a 23
una tasa media del 5.4% anual, y el PIB per cápita creció a una tasa de
5.1% anual, con un crecimiento acumulado per cápita de 64% en el periodo
2005-2014; los salarios mínimos reales (medidos en dólares constantes PPA, de
acuerdo con la OIT) crecieron 230.8% durante el periodo 2005-2013, y los
salarios medios reales crecieron 56.5%; la pobreza se redujo del 39.9% de la
población en 2004, al 11.5% en 2013; y la indigencia disminuyó del 4.7% a 0.9%.
Durante esta misma década, amplias coaliciones de fuerzas sociales y políticas
con programas posneoliberales de desarrollo han triunfado también en Bolivia,
Ecuador, Chile y otros países de América Latina, reconfirmando que ¡¡sí se
puede!!
Este es nuestro reto: reconstruir conscientemente la autoestima del
pueblo mexicano, la confianza en nosotros mismos, la seguridad plena de que
podemos forjar un futuro mejor mediante una amplia coalición de fuerzas
sociales y políticas para la reconstrucción de nuestra nación.
Firmantes: John Ackerman (UNAM), Genaro Aguilar (IPN), Luis
Aguirre Villaseñor (UAAAN), Sergio Aguayo Quezada (COLMEX), Adolfo Álvarez
Macías (UAM-X), Nora C. Ampudia (U. Panamericana), Ana María Aragonés (UNAM),
Luis Alejandro Astorga (UNAM), Marcela Astudillo Moya (UNAM), Abelardo Ávila
Curiel (INCMN), Patricia Ávila García (UNAM), Alberto Aziz Nassif (CIESAS),
Oscar Báez Soto (INACIPE), Carlos Barba (UDG), Hilario Barcelata (UV), Gerardo
Bazán (UNAM), Graciela Bensusán (UAM), Ilán Bizberg (COLMEX), Guillermo Boils
(UNAM), Julio Boltvinik (COLMEX), Alfonso Bouzas (UNAM), José Luis Caballero
Ochoa (UIA), Luis Fernando Cabrera (UQROO), José Luis Calva (UNAM), Manuel
Canto Chac (UAM), Jesús Cantú Escalante (ITESM), Mario Capdevielle (UAM-X),
María Elena Cardero (UNAM), Mónica Casalet Ravenna (FLACSO), Juan Castaingts
Teillery (UAM-I), Carola Conde Bonfil (UAM), María Martha Collignon-Goribar
(ITESO), Romer Cornejo (COLMEX), Leonel Corona Treviño (UNAM), René Coulomb
(UAM), José Antonio Crespo (CIDE), Moritz Alberto Cruz (UNAM), Fortunato
Cuamatzin (BUAP), Gonzalo Chapela (UACH), José Luis de la Cruz (ITESM), Orlando
Delgado Selley (UACM), Enrique de la Garza (UAM), Guillermo de la Peña
(CIESAS), Axel Didriksson (UNAM), Enrique Dussel Peters (UNAM), Gabriela
Dutrénit (UAM-X), Roberto Eibenschutz (UAM), Carlos Encinas Ferrer
(UdelaSalle), Mildred Espíndola (UNAM), Alejandro Espinosa (INIFAP), José Luis
Estrada (UAM), Enrique G. Gallegos (UAM), Mónica Gambrill (UNAM), Alba Gámez
Vázquez (UABCS), Rodolfo García del Castillo (CIDE), Carlos Gay (UNAM), Antonio
Gazól (UNAM), Gabriel Gómez Ochoa (UNAM), Laura Gómez Tovar (UACH), Arturo
Guillén Romo (UAM-I), Héctor Guillén Romo (U. Paris), Carlota Guzmán
Gómez (CRIM-UNAM), Oscar Misael Hernández (COLEF), Plinio Hernández
Barriga (UMICH), María del Carmen Hernández Moreno (CIAD), Luis Alfonso Herrera
(UACJ), Gerardo Huber Bernal (UABC), Alfonso Iracheta (CMQ), Jorge Marcial
Islas Samperio (UNAM), Antonina Ivanova (UABCS), Raúl Jiménez Guillén (UATx),
René Jiménez Ornelas (UNAM), Omar Jiménez Sandoval (ITESM), Gloria de la Luz
Juárez (UAM), Armando Kuri Gaytán (UNAM), Blanca Esthela Lara Enríquez
(COLSON), Jesús Lechuga Montenegro (UAM), Carlos Lemus (CRIM-UNAM), Noemí Levy
Orlik (UNAM), Teresa S. López (UNAM), Jorge López Arévalo (UNACH), Gerardo López
Cervantes (UAS), Julio López Gallardo (UNAM), Emilio López Gámez (UAM), Ignacio
Llamas Huitrón (UAM), Jesús Manuel Macías (CIESAS), Guadalupe Mántey (UNAM),
María Irma Manrique Campos (UNAM), Carlos Marichal (COLMEX), Héctor Marín
(UJED), Manuel Martín Castillo (UADY), María Antonieta Martín Granados (UNAM),
Rogelio Martínez Aguilar (UIA), René D. Martínez B. (UNAM), Regina Martínez
Casas (CIESAS), David Martínez Mendizabal (UIA León), Yolanda Massieu Trigo
(UAM), Adolfo Mejía Ponce de León (IPN), Mónica Mimbrera (UNAM), Georgel
Moctezuma López (INIFAP), Raúl Molina Salazar (UAM), José A. Moreno Mena
(UABC), César Lenin Navarro (UMICH), Emma Liliana Navarrete (CQM), Alberto
Olvera (UV), Gerardo Ordóñez (COLEF), Luis Ángel Ortiz Palacios (UNAM), Javier
Orozco Alvarado (UDG), Úrsula Oswald (UNAM), Pedro José Peñaloza (UNAM), Mario
Iván Patiño Rodríguez Malpica (UIA-León), Ruperto Patiño Manffer (UNAM),
Enrique Pino Hidalgo (UAM), Rosa María Piñón Antillón (UNAM), Leobardo Plata
Pérez (UASLP), Emilio Pradilla Cobos (UAM), Jaime Antonio Preciado (UDG),
Enrique Provencio (UNAM), Luis Quintana (UNAM), Víctor M. Quintana (UACJ),
Blanca Rebeca Ramírez (UAM), Eduardo Ramírez Cedillo (UNAM), Gerardo Reyes
Guzmán (UIA), Isabel Reyes Lagunes (UNAM), Héctor Robles Berlanga (UAM),
Hipólito Rodríguez (CIESAS), Víctor Rodríguez Padilla (UNAM), Ximena Roncal
Vattuone (BUAP), Carlos Rozo (UAM), César Salazar (UNAM), Jorge Alonso Sánchez
(CIESAS), Adolfo Sánchez Almanza (UNAM), Alejandro Sánchez Vélez (UACH), Pablo
Sandoval Cabrera (UDG), José Antonio Serratos Hernández (UACM), Marisol Silva
Laya (UIA), Aníbal Terrones Cordero (UAEH), Darcy Tetreault Webber (UAZ),
Felipe Torres Torres (UNAM), Juan de Dios Trujillo (UAS), Antonio Turrent
(INIFAP), Manuel Ulloa Herrero (UNAM), Maritza Urteaga (INAH), Carlos Uscanga
(UNAM), Enrique Valencia Lomelí (UDG), Daniel Villafuerte (UNICACH), Nicolás
Guadalupe Zúñiga Espinoza (UAS)… Se recibirán más firmas.
Comisión Redactora: Abelardo Ávila Curiel (INCMN), Alberto
Aziz Nassif (CIESAS), Carlos Barba (UDG), Hilario Barcelata (UV), Julio
Boltvinik (COLMEX), José Luis Calva (UNAM), Manuel Canto Chac (UAM-X), Orlando
Delgado Selley (UACM), Rodolfo García Zamora (UAZ), Gabriel Gómez Ochoa
(UNAM), Alfonso Iracheta (CMQ), Omar Jiménez Sandoval (ITESM), Armando Kuri
Gaytán (UNAM), Carlos Lemus (CRIM-UNAM), Carlos Marichal (COLMEX), Mónica
Mimbrera (UNAM), Alberto Olvera (UV), Ruperto Patiño Manffer (UNAM), Enrique
Pino Hidalgo (UAM-I), Enrique Provencio (UNAM), Víctor M. Quintana (UACJ),
Víctor Rodríguez Padilla (UNAM), César Salazar (UNAM), Pablo Sandoval Cabrera
(UDG), Marisol Silva Laya (UIA), Juan de Dios Trujillo (UAS), Antonio Turrent
(INIFAP), Enrique Valencia Lomelí (UDG).
Coordinador: José Luis Calva (UNAM)
NOTAS
* El Consejo Nacional de Universitarios por una Nueva Estrategia de
Desarrollo fue fundado en noviembre de 2010 con tres objetivos:
“Primero: conjuntar nuestros esfuerzos para formular desde una
perspectiva universitaria un sistema integral de propuestas viables de
políticas públicas capaces de superar el pobre y errático desempeño mostrado
por la economía mexicana durante las últimas décadas, fortalecer la cohesión
social de nuestra nación y abrir los cauces de un desarrollo sustentable,
incluyente, equitativo y democrático.
“Segundo: contribuir de manera organizada a la formación de la
conciencia ciudadana sobre la apremiante necesidad de que nuestro país adopte
una nueva estrategia de desarrollo.
“Tercero: contribuir a enriquecer el contenido y a elevar la calidad del
debate político y social sobre los grandes problemas nacionales.
** Las propuestas que presentamos en este documento se basan
principalmente en los trabajos de investigación que realizamos en cumplimiento
del primero de nuestros objetivos y que publicamos en la colección de libros
de Análisis Estratégico para el Desarrollo, con Juan Pablos
Editor. Los títulos de estos libros son: 1. Crisis económica mundial y
futuro de la globalización; 2. Estrategias económicas exitosas en
Asia y América Latina; 3. Mercados e inserción de México en el
mundo; 4. Políticas macroeconómicas para el crecimiento sostenido;
5. Reforma fiscal integral; 6. Sistema financiero para el
desarrollo; 7. Nueva estrategia de industrialización; 8. Crisis
energética mundial y futuro de la energía en México; 9.Políticas
agropecuarias, forestales y pesqueras; 10. Políticas de educación,
ciencia, tecnología y competitividad; 11.Empleo digno, distribución del
ingreso y bienestar; 12. Derechos sociales y desarrollo
incluyente; 13. Desarrollo regional y urbano; 14. Cambio
climático y políticas de desarrollo sustentable; 15. La agenda de
la democracia en México; 16. ¡Si se puede! Caminos al desarrollo
con equidad; 17. Seguridad pública, derechos humanos y cohesión
social; 18. Los jóvenes de hoy: presente y futuro.
