El domingo 8 de mayo, después de mas de tres horas de desgarradores testimonios de familiares de algunas de las decenas de miles de víctimas (con nombre y apellido) de la guerra emprendida por el presidente Calderón contra “el crimen organizado” (en el cual me permito incluir los criminales pero también sus cómplices dentro de las instituciones y los detentores del poder) y antes del discurso pronunciado por el poeta Javier Sicilia en el zócalo de la ciudad de México al término de la “marcha por la paz, la justicia y la seguridad”, se dio lectura al documento que me permito transcribir a continuación:
PACTO POR UN MÉXICO EN PAZ, CON JUSTICIA Y SEGURIDAD.
I.- RAZONES DE URGENCIA
Ante la emergencia nacional, hoy más que nunca resulta necesario tomar medidas urgentes para detener esta guerra con su escalada de violencia y regenerar el tejido social y comunitario.
Este momento histórico adverso y profundamente violento es resultado de estructuras económicas y sociales que generan desigualdad y exclusión. Aquí impera la muerte lenta causada por la miseria la pobreza el desempleo la falta de oportunidades para el desarrollo pleno de nuestras vidas y por la destrucción del ambiente.
La guerra contra el narcotráfico es una manifestación de políticas y acuerdos internacionales que sitúan a México como el campo de batalla donde a los pobres de este país y Centroamérica les toca pagar una alta cuota de vidas humanas para que las drogas lleguen a su destino y consoliden grandes negocios.
Frente a este escenario el Estado ha optado por una estrategia militar para enfrentar al crimen organizado y la protesta social privilegiando un proceso de militarización intensivo y extensivo de la seguridad pública no sólo por el amplio despliegue de las fuerzas militares en territorio nacional sino también por la creciente presencia de los mandos castrenses en la dirección de las policías civiles.
Resultado de esta estrategia que pone en el centro la confrontación violenta es una guerra civil donde mexicanos matan mexicanos generando 40 mil ejecuciones en lo que va del sexenio.
Sólo en el mes pasado en abril se contabilizaron mil 427 asesinatos considerando los cuerpos hallados en las narcofosas Las víctimas civiles se cuentan ya por miles en todo el país más de 230 mil personas desplazadas 10 mil huérfanos la Redim calcula 30 mil aunque no es una cifra oficial 10 mil secuestros de migrantes más de 30 alcaldes asesinados.
Un componente fundamental que explica esta escalada de violencia y guerra es la enorme corrupción y su infiltración en el Estado en todos sus niveles.
La impunidad es otro de los factores que determinan lo que hoy sucede en el país 98% de los delitos quedan impunes Tenemos un sistema de procuración e impartición de justicia incapaz de investigar y sancionar a quienes cometen los delitos y la violación de derechos.
II.- VISIÓN COMÚN CON EXIGENCIAS MÍNIMAS Y COMPROMISOS
1 Exigimos esclarecer asesinatos y desapariciones y nombrar a las víctimas
Proponemos a la sociedad y planteamos la exigencia y mandato a las autoridades acciones de corto y mediano plazo que inicien un nuevo camino de paz con justicia y dignidad.
A.- Se deben esclarecer y resolver los asesinatos las desapariciones los secuestros las fosas clandestinas la trata de personas y el conjunto de delitos que han agraviado a la sociedad Determinar la identidad de todas las víctimas de homicidio es un requisito indispensable para generar confianza.
B.- Exigimos a las autoridades estatales y federal la resolución pública que presente a los autores intelectuales y materia les de algunos de los casos emblemáticos que han agraviado a la sociedad entre ellos la familia Reyes Marisela Escobedo y su hija Rubí Bety Cariño y Jirí Jaakola las niñas y niños de la guardería ABC la familia Le Barón los jóvenes de Villas de Salvárcar los jóvenes de Morelos.
C.- Convocamos a la sociedad civil a rescatar la memoria de las víctimas de la violencia a no olvidar y exigir justicia colocando en cada plaza o espacio público placas con los nombres de las víctimas.
2 Exigimos poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana.
A.- Se debe cambiar el enfoque militarista y la estrategia de guerra de la seguridad pública y asumir una nueva estrategia de seguridad ciudadana con enfoque en los derechos humanos.
B(I).- Exigimos que antes de dos meses los Congresos locales aprueben la reforma constitucional en derechos humanos y sea publicada para darle plena efectividad y que en el mismo plazo se instituya el mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos.
B(II).- Exigimos que no se aprueben leyes o normas que conculquen los derechos humanos y las garantías individuales bajo el concepto de seguridad nacional y que no se aprueben las modificaciones propuestas al dictamen de la Ley de Seguridad Nacional.
3 Exigimos combatir la corrupción y la impunidad
A.- Se requiere una amplia reforma en la procuración y administración de justicia que dote de verdadera autonomía al Ministerio Público y al Poder Judicial que establezca el control ciudadano sobre las policías y los cuerpos de seguridad avance en la reforma de los juicios orales y establezca sistemas más efectivos de control judicial que reduzcan la discrecionalidad en los procedimientos y resoluciones de fondo La justicia no puede seguir al servicio de intereses y cálculos políticos También se requiere legislar para generar la capacidad y atribuciones de investigación y consignación de funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno en casos de corrupción.
B.- Exigimos que en máximo 6 meses el Congreso elimine el fuero de legisladores y funcionarios de los tres órdenes de gobierno en materia de actos de corrupción delitos del orden común y de crimen organizado.
4 Exigimos combatir la raíz económica y las ganancias del crimen
A.- La criminalidad y su violencia tiene como su motor las ganancias derivadas del narcotráfico los secuestros la trata de personas la extorsión la venta de protección y demás delitos que después reinyectan los recursos en la economía mediante el lavado de dinero Exigimos un combate frontal al lavado de dinero y activos de los delincuentes mediante la creación de unidades autónomas de investigación patrimonial en coordinación con fa Unidad Federal de Inteligencia Financiera que permitan reunir material probatorio para formular acusaciones y dictar sentencias por los actos de negocios ilegales.
B.- Exigimos la presentación de un Informe a la Nación sobre los resultados de la investigación patrimonial y el lavado de dinero que muestre los casos más notorios que se han sancionado en este sexenio y sobre el avance en la integración de las Unidades de investigación sobre lavado de dinero de las 32 entidades federativas y la federal.
5 Exigimos la atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas de recuperación del tejido social
A.- La seguridad ciudadana no se resolverá con armas y violencia Exigimos una política económica y social que genere oportunidades reales de educación salud cultura y empleo para jóvenes porque son las y los principales víctimas de esta estrategia Exigimos la recuperación del carácter público de la educación y romper el control corporativo que ejerce la cúpula del SNTE sobre la política educativa así como el incremento inmediato en los recursos destinados a las acciones sociales de seguridad ciudadana al menos en la misma proporción de los destinados a las fuerzas armadas y de seguridad pública.
B.- Exigimos que en los próximos 3 meses se establezca un programa especial de emergencia nacional para y de jóvenes que invierta las prioridades del presupuesto garantizando al menos lo mismo que se destina a seguridad para la construcción de escuelas y el aumento de la matrícula en educación secundaria media superior y superior un sistema universal de becas para estudiantes de secundaria EMS y superior de escuelas públicas así como recursos para proyectos culturales deportivos productivos y sociales realizados por los propios Jóvenes y sus organizaciones como actores de reconstrucción del tejido social en sus barrios comunidades y unidades habitacionales.
6 Exigimos democracia participativa
Mejor democracia representativa y democratización en los medios de comunicación. La seguridad requiere democracia y nuevos medios de participación ciudadana Exigimos que se amplíen los medios e instrumentos de participación ciudadana en los asuntos públicos mediante el reconocimiento institucional de la consulta popular las candidaturas independientes la revocación de mandato, la contraloría social y las acciones colectivas.
Se requiere una política de Estado en materia de telecomunicaciones que rompa en el menor tiempo posible los monopolios y genere una amplia democratización y apertura no sólo a la competencia sino al fortalecimiento de los medios públicos.
Exigimos a la Cámara de Diputados que en un periodo extraordinario a más tardar en dos meses apruebe la minuta de reforma política constitucional aprobada por el Senado que establece la consulta popular la iniciativa legislativa las candidaturas independientes y la reelección inmediata de legisladores y alcaldes.
III.- PARA INICIAR EL CAMINO
Proponemos dos momentos para lograr esto:
-Un pacto ciudadano entre los miembros de la sociedad civil y;
-En un segundo momento, una serie de planteamientos y de mandatos de exigencias a los gobernantes a los líderes de los partidos políticos y a los factores de poder.
Este momento requiere la participación de todas y todos el Pacto de la sociedad civil implica un esfuerzo de unidad y organización de la sociedad civil nacional para que tengamos una voz y acciones con el fin de parar esta guerra y la violencia social corrupción e impunidad que nos está destruyendo como personas y como nación.
El 10 de junio nos reuniremos en Ciudad Juárez con las Comisiones de Verificación y Sanción que la sociedad civil nacional establecerá en este tiempo con especialistas y gente honorable para cada uno de los 6 puntos.
Durante este periodo hasta el 10 de junio las Comisiones con las aportaciones del resto de la sociedad civil irán especificando con más detalle las acciones correspondientes a cada exigencia.
Invitamos a toda la ciudadanía en las comunidades barrios colonias lugares de trabajo a aportar en esta discusión y construir espacios de reflexión y acción colectiva nacional permanentes.
Hacemos además un llamado a nuestros compatriotas que radican allá y al pueblo de los Estados Unidos de América para que apoyen nuestra movilización y exijan al gobierno y al Congreso de ese país que detengan el flujo de armas hacia México y el lavado de dinero.
Suscribo plenamente todos y cada uno de los puntos de este pacto, me parece emanar de un diagnostico bastante acertado de las causas del actual “clima de violencia” (o como algunos ya no dudan en nombrarla “guerra civil”), así como algunas de las propuestas me parecen las adecuadas y necesarias para remediar esta situación.
No quiero ser un “aguafiestas”, como tampoco dar lecciones de coherencia… sin embargo me hubiese gustado que sus autores nos expusieran como piensan lograr que quienes mandan (en este caso detentan el poder político), primero lo reconozcan como acertado, segundo lo hagan suyo, y tercero lo implementen.
Por lo expresado en el tercer punto, entiendo que de momento este pacto es una propuesta, que se tiene que “trabajar”, discutir, tanto en su contenido como en la formulación de su implementación (quienes, como, cuando, etcétera)… pero entonces porque emplear el verbo EXIGIR con tanta frecuencia y vehemencia.
El empleo del verbo EXIGIR en el modo imperativo, es siempre una manifestación, ya sea de un autoritarismo desbordado, ya sea de una impotencia manifiesta… y mucho me temo que en este caso se trate de lo segundo.
Si se exige, cuando se exige… es porque existe algún desacuerdo, alguna oposición, una situación de confrontación, entre dos o mas individuos, grupos de personas, organizaciones, poderes (constituidos o no).
Puede exigir, quien tiene los medios para que su exigencia sea cumplida… y ¿cuáles son estos medios?... básicamente tres: la razón, la ley y la fuerza (entendida esta última como la fuerza coercitiva de las armas, y no la fuerza de la razón o la fuerza de la ley).
Sobra decir que, en última instancia, quien tiene la fuerza (de las armas), no requiere de la razón ni de la ley… y bien que lo sabe el señor Calderón, quien, en Puebla, el 5 de mayo (cuando la “marcha” ya había salido de Cuernavaca y tres días antes de su conclusión en el zócalo de la ciudad de México), dijo textualmente: “…Y ante ese enemigo hay quienes, de buena o mala fe, quisieran ver a nuestras tropas retroceder, a las instituciones bajar la guardia y darles, simple y llanamente, el paso a esas gavillas de criminales….Hoy les digo que eso no se puede ni va a ocurrir. Porque tenemos la razón, porque tenemos la ley y porque tenemos la fuerza, vamos a ganar…”
Si les digo yo que este señor Calderón no es tan tonto, como pretenden. Sabe perfectamente que quienes están en desacuerdo con su política terrorista(*) y tratan de combatirla… pueden tener la razón (el no la necesita, ¿por qué la necesitaría?) pero que carecen de la posibilidad de disponer de la ley o recurrir a ella (el estado de derecho es el derecho de quienes hacen la ley y la aplican) y con mayor razón de la fuerza (que es precisamente el terreno en el cual ha decidido llevar el enfrentamiento).
Tener la razón… no es suficiente (no sirve)… quienes expresan su oposición a esta política terrorista y quieren la implementación de una política distinta, solo podrán vencer haciendo ellos también un uso inteligente de la fuerza… la suya, no la del enemigo. La de una resistencia civil pacifica mediante acciones encaminadas a paralizar un sistema que, además de descansar desde siempre sobre el uso de la fuerza, hoy descansa esencialmente (en el sentido primero de la palabra, de la “esencia” misma) sobre la comunicación, la movilidad y el gasto energético. No me toca a mí hacer un listado de todas las acciones viables y eficaces que se pueden llevar a cabo en el marco de una estrategia de resistencia civil pacífica, pero son muchas. Simplemente considerar que interrumpir, detener, paralizar, son los verbos claves… que el Estado no se quedara de brazos cruzados… y por lo tanto será necesario caminar el sendero de la ilegalidad por este decretada.
Viene al caso recordar el episodio en el cual, el 12 de octubre de 1936 (a casi tres meses de haber estallado la guerra civil española), en la universidad de Salamanca, contestando a la exclamación del general franquista Millan-Astray “¡Muera la intelectualidad traidora. Viva la muerte!”, el filosofo Miguel de Unamuno replico “Venceréis, porque tenéis sobrada fuerza bruta. Pero no convenceréis. Para convencer hay que persuadir, y para persuadir necesitaréis algo que os falta: razón y derecho en la lucha."
Al igual que quienes se sublevaron contra la Republica española, el señor Calderón no tiene ni la intención ni la necesidad de convencer sino simplemente la de vencer… y para quienes se oponen a su política terrorista no les bastara la razón para convencer…sino algo mas.
(*) ver la anterior entrada titulada ¿Calderon terrorista? ¡Obviamente!
A la hora de “subir” este texto al blog, me entero que los promotores de la marcha aceptaron un encuentro (se habla de dialogo) propuesto por la presidencia de la Republica, poniendo sin embargo tres condiciones al mismo. Que se dé en Palacio Nacional, que sea público y que asistan familiares de las víctimas de la violencia.
Que poco habrá durada la esperanza que esta marcha y el “pacto” resultante dieran algún fruto… o por lo menos fuesen una semilla, que se trataba de plantar, regar, abonar, en espera de que floreciera y diera el fruto.
Se suponía que el Pacto propuesto era un “pacto ciudadano” (o por lo menos esto había yo entendido)… y ahorra resulta (una vez mas) que será un “pacto con los poderes constituidos”… que según los mismos promotores del pacto, son en el mejor de los casos cómplices del crimen organizado, si no es que son los verdaderos capos.
Me parece que quienes aceptaron esta “desviación” tienen (por lo menos) la memoria corta y se les olvido que todos los encuentros o diálogos con las autoridades… siempre han resultado ser una mera estrategia del poder para desvirtuar y anular las demandas que se le plantean… por mucho que se exija.
¿Qué paso con los famosos “Acuerdos de San Andres sobre Derechos y Cultura Indígena” que el EZLN y el Gobierno en turno firmaron el 16 de febrero de 1996 después de varios meses de negociación?... simplemente que después de mas de quince años de haberse firmados, seguimos esperando que se concreten… lo cual ya nadie en su sano juicio cree que vaya a suceder.
Si un “movimiento” como el EZLN fue incapaz de obtener del gobierno que este respetara lo firmado… como pueden creer quienes proponen y promocionan este “Pacto por un México en Paz con Justicia y Seguridad” que la intención del poder ejecutivo sea la de establecer un verdadero dialogo (con resultados concretos) y no un simple ardid para descarrilarlo y matarlo en el huevo.